El Tribunal Supremo ha cerrado filas en torno al rey emérito Juan Carlos I y ha decidido no abrir una causa penal por la gestión opaca de su fortuna, ignorando la querella presentada por un grupo de juristas entre los que se encuentran fiscales y magistrados jubilados del propio Supremo. El alto tribunal ha optado por pasar página y no revisar el archivo previo de la Fiscalía, pese a las irregularidades señaladas por los denunciantes y a los cuestionamientos sobre la validez de la regularización fiscal del monarca.
Con el magistrado Manuel Marchena como ponente, la Sala de lo Penal respalda punto por punto la argumentación de la Fiscalía Anticorrupción, que ya en 2022 había decidido archivar el caso. En su auto, el Supremo reprocha a los querellantes que han hecho una “selección fragmentada e interesada” del decreto de archivo fiscal, y asegura que “en términos jurídicos, nada ha cambiado tres años después para alzar la razonada y congruente decisión de la Fiscalía y acordar la apertura de un proceso penal”.
Blindaje al emérito
El archivo de la querella supone, en la práctica, blindar a Juan Carlos de Borbón frente a futuras acciones judiciales por su fortuna millonaria acumulada durante décadas, parte de ella fuera de los circuitos legales y sin pasar por el control de la Agencia Tributaria. Según las investigaciones que durante años desarrolló la Fiscalía, el emérito movió ingentes cantidades de dinero en el extranjero y ocultó ingresos que debieron tributar en España.
A pesar de ello, en marzo de 2022, el Ministerio Público cerró la investigación alegando tres motivos: la inviolabilidad de Juan Carlos I mientras fue jefe del Estado, la prescripción de muchos de los delitos y los pagos que hizo a Hacienda por casi 1,2 millones de euros entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, cuando ya sabía que estaba siendo investigado. “No rebaten ninguna de estas razones”, lamenta el Supremo sobre los juristas impulsores de la querella, que pedían reabrir el caso argumentando que esas regularizaciones fiscales no cumplen los requisitos legales, precisamente por haber sido efectuadas tras conocer la investigación.
Lejos de aceptar esas tesis, el tribunal se alinea con Anticorrupción y critica cualquier intento de “reformatear” los argumentos de archivo para “hacerle decir lo que no dice”. De hecho, el Supremo califica como “exhaustiva” la investigación de la Fiscalía, a pesar de las numerosas críticas sobre la falta de transparencia y el carpetazo prematuro al caso. Para los magistrados, no hay base jurídica suficiente para reabrir nada ni para pedir nuevas pruebas, ni siquiera revisar los plazos de prescripción como proponían los querellantes.
Con esta decisión, el Tribunal Supremo refuerza el cerrojo legal que ya había impuesto la Fiscalía y levanta un muro prácticamente infranqueable para que Juan Carlos I pueda sentarse algún día en el banquillo a rendir cuentas por el origen de su fortuna. Su aforamiento ante la Sala de lo Penal implica que cualquier procedimiento debe pasar por este mismo tribunal, lo que convierte esta resolución en un precedente determinante.
La resolución coincide, además, con un cambio de estrategia del emérito, que ahora ha pasado al contraataque judicial. En las últimas semanas ha iniciado varias acciones legales, una contra el expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla, y otra contra su antigua amiga íntima, Corinna Larsen. El acto de conciliación con Revilla, que no requiere la presencia de las partes, está fijado para el próximo 16 de mayo. Por su parte, el proceso contra Larsen ha sido interpuesto en Suiza, país donde residió parte del dinero investigado por la Fiscalía.
