El nuevo líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, va a tener que hacer frente a su primer caso de corrupción en breve. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha respondido a la exposición razonada de la magistrada de Trujillo que pedía imputar al diputado del PP, Alberto Casero, por un delito de prevaricación administrativa continuada, dándole la razón a la juez extremaña. Solicitan que se impute al diputado, mano derecha de Teodoro García-Egea que con su equivocación aprobó la reforma laboral del Gobierno. Pero el fiscal del Supremo ha ido más allá y eleva el delito cometido presuntamente por Casero. Así, desde el Ministerio Público se agrava el asunto diciendo que, además de la prevaricación, Casero habría cometido un delito de malversación de caudales públicos, delito penado con prisión, frente a la prevaricación, que conlleva inhabilitación.

Según explica el fiscal, y tal y como ha adelantado El Español, "del contenido de la denuncia, que fue presentada por la Fiscalía de Cáceres, y de la exposición razonada remitida por el Juzgado se constata la existencia de sendos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos que habrían sido cometidos por Alberto Casero en su condición de alcalde del Ayuntamiento de Trujillo y que se concretan en la celebración de determinados acuerdos y contratos de servicios, con diversas personas y entidades, comprometiéndose al pago de las correspondientes prestaciones dinerarias pero sin sujetarse a los procedimiento administrativos legalmente establecidos".

Contratos denunciados

El caso Casero comenzó con una denuncia de la Fiscalía. El ministerio Público se puso tras la pista de Casero al enterarse de que había varios contenciosos de los contratos sospechosos, que superan el importe total de los 100.000 euros. Tras pedir los contratos, la fiscal jefe denunció los hechos. Varios de esos contratos están relacionados con un psicólogo que responde al nombre de Pablo Bonilla y que supuestamente prestó servicios a mujeres víctimas de Violencia de Género, ya que desde el consistorio afirman que nunca las atendió.

La denuncia de la fiscal jefe señala que Casero “no informó, ni aportó al ayuntamiento el contrato suscrito, ni se instruyó expediente de contratación, ni recabó informe de órgano de contratación sobre la necesidad del servicio, ni se aprobó el gasto”. Lo que no impidió que a Bonilla se le adjudicara un contrato de 18.000 euros y otros cuatro de 6.120 euros.

Otro de los contratos cruza los mares y tiene cierta ironía histórica porque es un convenio con la Cámara de Comercio de Perú. La firma le costó a la localidad extremeña un total de 25.000 euros, pero el entonces alcalde “no informó a los servicios económicos ni jurídicos del ayuntamiento, ni aportó copia de dicho convenio a la Intervención, ni fue aprobado por el pleno ni por resolución de alcaldía”.

La gala anual de los premios Pop Eye también se trasladó a Trujillo gracias a las gestiones del entonces alcalde y hoy diputado del PP, que pagó 18.000 euros a la Asociación Cultural Bon Vivant. Según la denuncia de la fiscal, el contrato de patrocinio “debía sujetarse para su adjudicación a la Ley de Contratos del Sector Público”, algo que no sucedió, como tampoco “se aplicó el procedimiento negociado sin publicidad”. El contrato se firmó el 15 de junio de 2018, cuando ya había entrado en vigor el cambio legal que colocaba el máximo importe para contratos menores en 15.000 euros.

Otros de los contratos que según la fiscal jefe de Cáceres se realizaron de forma irregular fueron los de la promoción de la Feria del Queso, firmado con Radio Interior por valor de 15.000 euros, y otro con Ícaro Consultores en Comunicación SLU, de más de 17.000 euros.