El presidente de Urbas Grupo Financiero, Juan Antonio Acedo, todavía se enfrenta a ocho años y tres meses de prisión, solicitados por la Fiscalía Anticorrupción, por supuestos delitos societarios y contra el mercado en la ampliación de capital de julio de 2015. Anticorrupción también pide ocho años de cárcel para su antecesor en el cargo, Juan Antonio Ibáñez.
Fue en 2021 cuando, en una nota de prensa, el Ministerio Público, que pedía que ambos indemnizaran a la compañía con 10,8 millones de euros y que se anulara dicha ampliación, reclamaba penas que oscilaban entre los seis años y los 10 meses de prisión para otras doce personas por los mismos hechos que todavía están investigándose.
En octubre de 2020, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama puso fin a la instrucción, iniciada en 2017 a raíz de la querella de Anticorrupción, sobre las supuestas irregularidades en la operación ejecutada por un importe de 384 millones de euros, que se aportaron mediante activos presuntamente “sobrevalorados” de Aldira Inversiones Inmobiliarias.
Sospechas de venta de acciones
En 2018, la Audiencia Nacional puso el foco en la investigación a una decena de ejecutivos de Urbas por inflar la última ampliación de capital de la inmobiliaria en su propio beneficio. Las acciones sujetas a esta investigación judicial no están admitidas a cotización por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y pese a ello, los investigadores sospechaban que el presidente de la compañía estaba vendiendo parte de sus títulos fuera del circuito legal.
La ampliación de capital, de 384,4 millones de euros, fue urdida en 2015 por el consejo de administración de Urbas. Esta consistió en la aportación no dineraria del 100% del capital de otra sociedad, Aldira Inversiones, de la que varios consejeros de la inmobiliaria eran socios.
Esa operación, según la investigación, se puso en marcha falseando el valor real del patrimonio de Aldira, cuyas fincas fueron tasadas, según el juez Fernando Andreu y la Fiscalía Anticorrupción, de forma “totalmente irreal e injustificada”, lo que “desvirtuaba completamente el sentido de la operación”. Y ese incremento artificial del valor de los inmuebles de Aldira fue diseñado supuestamente por los miembros del consejo de Urbas.
Aldiras era una empresa de reciente creación en el momento de la absorción por Urbas, propietaria de inmuebles adquiridos poco tiempo antes mediante aportaciones por otras sociedades. Buena parte de sus vienes fueron valorados por una tasadora relacionada con varias de las empresas que aportaron los inmuebles a Aldira de forma que más del 70% de las nuevas acciones de Urbas correspondía a empresas vinculadas a sus consejeros.
“Dentro de los fondos propios de cada una de las sociedades, se expresaban en los activos unas plusvalías no ajustadas a la realidad e injustificadas, que desvirtuaban completamente el sentido de la operación. El valor de los inmuebles que constituían los activos había sido estimado por el Consejo de Administración de Urbas”, señalaba el juez Calama en su auto.
Intención de compra de Abengoa
Pese a estar pendiente de la resolución de este proceso, Urbas opta a comprar Abengoa. Y aunque prevalece la presunción de inocencia, el hecho de que dos de los ocho miembros del actual consejo de Urbas se encuentren implicados en un proceso judicial de tal envergadura, no parece aportar demasiada confianza a la banca acreedora y la masa laboral de Abengoa.
