La Fiscalía ha solicitado al juez Ángel Hurtado que absuelva al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en la causa por la supuesta filtración de la confesión de Alberto González Amador al considerar que los correos en los que novio de Isabel Díaz Ayuso admite la comisión de varios delitos fiscales ya eran conocidos, tal y como testificaron los propios periodistas que revelaron la información. Este argumento es que ha esgrimido la defensa durante el proceso, apuntando a la inexistencia de pruebas para la imputación, pero el magistrado al cargo ha decidido seguir adelante.
“La información contenida en esos correos electrónicos ya era conocida por otras personas con anterioridad”, expone la fiscalía. "Al no ser los hechos consultivos de delito, procede la libre absolución con todos los pronunciamientos a ella inherentes", añade el escrito presentado por la teniente fiscal del Tribunal Supremo y número dos del Ministerio Público, Ángeles Sánchez Conde. “Ninguna intervención puede atribuirse al fiscal general en la divulgación de los correos electrónicos”, concluye.
Asimismo, ha reclamado que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid declare como testigo en el juicio que se celebrará próximamente. También solicita que acudan en calidad de testigos el abogado de González Amador, Carlos Neira, quien es el autor de los correos en los que reconocía que su representado había perpetrado delitos fiscales; y el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, difusor del bulo publicado en El Mundo y que situaba como víctima al defraudador confeso.
La respuesta al bulo de MAR
La Fiscalía recuerda al juez que el jefe de gabinete de la presidenta madrileña trasladó a "múltiples periodistas", el 13 de marzo de 2024, que el Ministerio Público había ofrecido un acuerdo a González Amador en la investigación judicial abierta contra él por presuntos delitos fiscales, algo totalmente falso, y "que, antes de que el mismo pudiera responder, la misma Fiscalía había recibido órdenes 'de arriba' para impedir el acuerdo", algo que tampoco sucedió. Por este movimiento, el Ministerio Público pide que acuda MAR a declarar.
La mano derecha de Ayuso pretendía con su bulo “atribuir al Ministerio Fiscal un comportamiento que se alejaba del adoptado en supuestos idénticos, que carecería de sustento legal y que le ocasionaba un evidente perjuicio", expone Sánchez Conde en su escrito. Como "consecuencia", desarrolla, la fiscal superior de Madrid, que ya fue liberada del proceso judicial, contactó con García Ortiz, quien había solicitado información de la situación, basándose en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Esto "permitió constatar que no había habido ningún ofrecimiento de acuerdo por la Fiscalía ni, por ello, una ulterior retirada del mismo".
"Fue a instancias del fiscal general del Estado", añade, "y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal", cuando al día siguiente, el 14 de marzo de 2024, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid difundió una nota informativa que "contenía hechos ciertos y acreditados, que desmentían las informaciones inveraces publicadas por algunos medios de comunicación y responsables públicos, eran de público conocimiento con anterioridad a la difusión de aquella y demostraban que el fiscal responsable del asunto se había atenido escrupulosamente a sus deberes profesionales".
La última palabra la tendrá el juez Hurtado. Imputado, pero sin dimitir y con la confianza del Gobierno, espera el fiscal, que se enfrenta a penas de hasta seis años de cárcel y doce de inhabilitación, como reclama la acusación popular que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que le atribuye un delito de prevaricación en concurso con un delito continuado de revelación de secretos.
