El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a citar este lunes, a las 17:30 horas, a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, para comunicarle que, si el caso acaba en juicio, será un tribunal del jurado popular quien la juzgue no solo por un presunto delito de malversación, sino también por los de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional.
La decisión supone un nuevo giro en una instrucción que ya supera el año y medio y que continúa envuelta en polémica, con acusaciones de motivación política y una instrucción plagada de idas y venidas judiciales.
Se trata de la sexta citación que recibe Gómez por parte del magistrado Peinado. En las dos primeras, se acogió a su derecho a no declarar; en las siguientes, respondió únicamente a su defensa. La quinta, el pasado 27 de septiembre, ni siquiera acudió: fue representada por su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, después de que el juez la convocara para comunicarle que, si prosperaba la pieza separada por malversación - relacionada con la actividad de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez -, el caso sería competencia de un jurado popular.
Una citación polémica
La defensa de Gómez sostiene que la nueva comparecencia es idéntica a la anterior, y que la presencia de la investigada no es obligatoria. Así lo establece una circular de la Fiscalía del año 1995 sobre el proceso ante el Tribunal del Jurado, que indica que la comparecencia regulada en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado “no exige la asistencia personal del investigado”.
Aun así, Peinado ha señalado que tanto Gómez como su asesora en Moncloa y el empresario Juan Carlos Barrabés —también investigado en la causa— deberán “comparecer necesariamente” junto a sus letrados. Es previsible que, como en anterires ocasiones, es que la esposa del presidente no acuda a la llamada del instructor, mientras sus abogados solicitan el archivo de la causa y las acusaciones populares - lideradas por Hazte Oír e Iustitia Europa - reclaman nuevas diligencias e incluso la imputación del propio Pedro Sánchez.
Esta última petición, de prosperar, obligaría a Peinado a remitir una exposición razonada al Tribunal Supremo, ya que el presidente del Gobierno goza de aforamiento. En la comparecencia anterior, las mismas acusaciones ya pidieron su testifical, petición que fue rechazada.
Una instrucción sin pruebas concluyentes
El caso Begoña Gómez se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo ultraconservador Manos Limpias, que acusó a la esposa del presidente de haber aprovechado su posición para recomendar a empresarios —entre ellos, el consultor y profesor Juan Carlos Barrabés— que se presentaran a licitaciones públicas.
A partir de esa denuncia, Peinado abrió diligencias por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, y posteriormente amplió el procedimiento a otras figuras penales como la apropiación indebida y el intrusismo, tras una querella adicional presentada por Vox. Esta última parte se centraba en supuestas irregularidades relacionadas con la inscripción de un software y el logo de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que Gómez codirigía.
La investigación ha estado marcada por continuas ampliaciones y correcciones judiciales. La Audiencia Provincial de Madrid, en octubre de 2024, avaló que el juez siguiera investigando determinados contratos vinculados a Barrabés, pero delimitó claramente su alcance: solo aquellos que no estaban bajo supervisión de la Fiscalía Europea y que no implicaban fondos europeos. En ese mismo auto, la Audiencia calificó de “llamativa” la coincidencia temporal entre la creación de la cátedra universitaria y el aumento de la actividad del grupo empresarial de Barrabés con la Administración.
No obstante, el órgano superior corrigió al juez en enero de 2025, declarando nulo el registro en el domicilio y las oficinas de Barrabés al considerar que Peinado no había justificado debidamente la orden de entrada y registro. Un varapalo que dejó tocada la instrucción, ya cuestionada por la falta de indicios sólidos.
La defensa denuncia una “causa política”
Desde el inicio, la defensa de Gómez mantiene que el caso carece de base jurídica y que se trata de un procedimiento de motivación política. En sus declaraciones ante el juez, la esposa del presidente ha negado cualquier irregularidad en la adjudicación de contratos o en la actividad de la cátedra universitaria.
Admite haber firmado dos cartas de recomendación - “un trámite habitual en procesos de licitación pública”, según explicó -, pero rechaza que esas cartas tuvieran como destino beneficiar a empresas concretas. “Eran cartas modelo, firmadas también por instituciones como el Ayuntamiento de Madrid o multinacionales como Microsoft o IBM”, argumentó.
En relación con la cátedra de la UCM, Gómez defiende que no hubo ánimo de lucro ni irregularidad alguna en el registro de su logo o del software vinculado al proyecto académico. Según su versión, la inscripción del dominio transforma.org se hizo siguiendo las indicaciones de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense, y ella no percibió retribución por su trabajo.
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