La Fiscalía anticorrupción está dispuesta a solicitar responsabilidad civil a título lucrativo a la Infanta Cristina por una cuantía aproximada a los 600.000 euros, cantidad que se corresponde aproximadamente con la mitad de dinero que habría percibido la empresa Aizoon de fondos públicos, que ingreso presuntamente procedentes del Instituto Nóos entre los años 2003 y 2007. Según fuentes cercanas a la Fiscalía, esa petición se recogerá en el escrito de acusación del caso Nóos que está elaborando la Fiscalía Anticorrupción con vistas a la finalización de la causa, dado que la declaración como imputada de la Infanta el próximo sábado podría ser una de las últimas diligencias que se practiquen antes de que se celebre el juicio.

Impresionante dispositivo de seguridad
Será la primera vez que una Infanta de España declare ante un juez y además en calidad de imputada en varios delitos. Habida cuenta de la indignación ciudadana que han provocado los casos de corrupción, las fuerzas policiales dan por hecho que habrá numerosos colectivos manifestándose y por ello -y por ser quien es- el Ministerio de Interior ha desplegado un dispositivo de seguridad sin precedentes. Más de 200 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado velarán por la integridad de la hija del Rey y evitarán que se produzcan desórdenes públicos. A los efectivos que ya hay en las islas, se sumarán antidisturbios que se desplazarán desde la península. Se desplegarán agentes en las azoteas de los edificios próximos, se inspeccionará el subsuelo y se sellarán las alcantarillas del entorno de los juzgados de Palma de Mallorca, un helicóptero sobrevolará la zona y también se desplegará la unidad canina. No está previsto que la Infanta pernocte en la isla.

¿En coche o andando?
Tras la reunión celebrada la pasada semana en Palma de Mallorca para evaluar el dispositivo de seguridad para la Infanta, el juez Castro autorizó que la infanta pueda bajar la famosa rampa de acceso al juzgado en coche y que éste se detenga a la puerta. No obstante, ni los abogados de la Infanta ni la Casa Real se han pronunciado sobre si hará el famoso paseíllo a pié o en el coche. Otras decisiones que sí se han tomado es alejar a los periodistas de la puerta de acceso al juzgado, así como alejar muchos más a los posibles manifestantes que puedan acudir.