El magistrado de la Sala Penal Leopoldo Puente, instructor de la causa por supuesta contratación irregular de mascarillas y material sanitario durante la pandemia, más conocida como Caso Koldo, ha impuesto este jueves al diputado y exministro de Transportes José Luis Ábalos las medidas cautelares de prohibición de salida del territorio nacional, con retirada del pasaporte, y la obligación de comparecer quincenalmente en la Secretaría de la Sala Penal del tribunal tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción.
Estas dos medidas fueron solicitadas hoy por la Fiscalía y la acusación popular al término de la declaración que prestó ante el instructor Ábalos, que fue citado tras la concesión del suplicatorio por el Congreso de los Diputados. La defensa del investigado se opuso a la adopción de las medidas cautelares interesadas, alegando que no existen indicios de criminalidad contra su defendido, ya que ha comparecido a declarar voluntariamente en la causa, por su condición de diputado y por la circunstancia, declarada hoy ante el juez, de que carece de cualquier clase de bienes en el extranjero, lo que a su juicio excluye el riesgo de fuga.
El instructor, sin embargo, considera que persisten los indicios de la posible comisión por parte de José Luis Ábalos de diferentes ilícitos penales que, con el provisionalísimo carácter que corresponde a este momento procesal, podrían colmar, cuando menos, las figuras delictivas de integración en organización criminal (artículo 570 bis del Código Penal), tráfico de influencias (artículo 429); y cohecho (artículo 424, en relación con el 419 del mismo texto legal).
En ese sentido, señala que las medidas cautelares de naturaleza personal que han sido interesadas por las acusaciones “no es solo que resultan precisas, en atención a la particular gravedad de los hechos delictivos que se le atribuyen, con el fin de asegurar, en la medida razonablemente posible, que el investigado no pueda en lo porvenir sustraerse a la acción de la justicia y que comparecerá en la causa cuando fuere llamado, sino que también resultan plenamente proporcionadas en tanto, solo de forma ligera e indispensable limitan el ejercicio de su libertad ambulatoria, máxime cuando, conforme explicó su propio Letrado, don José Luis Ábalos no tiene previsto ni precisa emprender viaje alguno al extranjero”.
El exministro de Transportes ha vuelto al banquillo este jueves para ratificar su declaración de diciembre, en el segundo interrogatorio del juez que instruye la causa que investiga la trama de las mascarillas. Al igual que en el primer careo, el exdirigente socialista ha negado todo tipo de irregularidad que le atribuyen los investigadores. Entonces, Ábalos se limito a negar su implicación en la presunta red que se lucró con contratos amañados, desmarcándose de cualquier nexo a comisión o prebenda devengado de esta. De hecho, ha incidido en el señalamiento a Koldo García como uno de los principales responsables, aunque el grueso del pastel inculpatorio ha ido a parar a manos de Víctor de Aldama, de quien el ex número tres de Sánchez se ha desvinculado.
Tras prestar declaración dos meses atrás, el instructor prosiguió con la investigación hasta atribuirle cuatro delitos. Por ello, requirió al Congreso el suplicatorio para llevarle a juicio en el momento preciso. El Pleno le retiró la inmunidad a su parlamentario el 22 de enero, coincidiendo con el tenso debate sobre el decreto ómnibus, para que, posteriormente, el magistrado pidió a la Guardia Civil un informe sobre su situación patrimonial y la de su entorno. Asimismo, citó a otras 17 personas, estas en calidad de testigo, entre quienes se encontraban altos cargos del Ministerio de Transportes y el jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
El caso Koldo arrancó en la Audiencia Nacional con la investigación sobre la operación Delorme, el nombre oficial con el que se bautizó a la causa judicial. Las primeras impresiones situaban a Koldo García, asesor y mano derecha de Ábalos en el departamento de Transportes. Sobre él caía toda la responsabilidad de la creación de una red para que la compraventa de mascarillas y material sanitario durante los peores meses de la pandemia, cayera en manos de empresarios del entorno, como el mencionado anteriormente, Víctor de Aldama. Como contraprestación, Koldo y otros imputados se habrían llevado comisiones o dádivas. La instrucción continúa en paralelo entre la Audiencia Nacional y el Alto Tribunal, siendo esta última corte donde figura como investigada la triple entente mencionada (Ábalos, de Aldama y Koldo). La declaración del exministro ha durado en torno a unos 40 minutos
Transcripción para evitar la filtración
Ante la oleada de críticas a causa de las infinitas filtraciones de los procesos judiciales que asolan a la política española, el magistrado instructor ha acordado la entrega de cada una de las partes única y exclusivamente la transcripción de todo cuanto se declare en sede judicial. Así, se evita el envío del vídeo de la declaración a los personados en el juicio, eludiendo así un escenario similar al de diciembre. Leopoldo Puente acordó tal iniciativa a raíz de la primera declaración, que se filtró íntegra a los medios de comunicación.
La medida también se precipita por la solicitud de la defensa del exministro para impedir nuevas filtraciones, máxime cuando tanto acusación como defensa no tendrán acceso libre a las grabaciones, aunque sí podrán hacer uso de ellas en la secretaría de la Sala Segunda en el caso de que no haya suficiente con la transcripción inicial.
Al margen, coincidiendo con esta misma semana, el Alto Tribunal ha contado con la visita del cabecilla de la trama, Koldo García, quien tuvo que someterse a una prueba caligrafía para comprobar si las letras de otros documentos coincidían con la del exministro. El exasesor de Ábalos aportó una carpeta de informes médicos para argumentar que su letra pudo ser objeto de manipulación. Sostiene que su letra sería irreconocible porque se ha operado el brazo y es imposible arrojar luz con la prueba de caligrafía.
