No todos los días un juez que investiga a la esposa del presidente del Gobierno sube a un escenario de teatro para hablar de acoso escolar y termina cuestionando la arquitectura del sistema judicial. Eso fue lo que ocurrió el pasado viernes en Madrid, cuando el polémico magistrado Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra Begoña Gómez, participó en una charla sobre bullying en el Centro Cultural Fernán Gómez y dejó entrever, sin nombrarlo explícitamente, que también hay espacio para el conflicto institucional en los actos de corte social.
Durante su intervención en las jornadas Artes escénicas contra el Bullying, tal y como apunta ‘OKDiario’, organizadas para concienciar sobre el acoso escolar, Peinado se sinceró sobre su experiencia personal como víctima de bullying en la infancia. Sin embargo, su intervención fue más allá del relato íntimo y derivó hacia un alegato crítico contra el funcionamiento de la Justicia y, en concreto, contra la denominada Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, impulsada por el ministro Félix Bolaños y publicada en el BOE el 2 de enero.
“Creo que es una ilusión”, sentenció el magistrado sobre la norma, que contempla la sustitución de los juzgados unipersonales por tribunales de instancia, con el objetivo de agilizar la justicia. Según Peinado, el proyecto no cuenta con los medios necesarios para llevarse a cabo: “Todos sabemos que el papel todo lo aguanta”, añadió, sembrando dudas sobre su viabilidad a corto plazo.
El juez, que el próximo 16 de abril tomará declaración a Bolaños como testigo en el caso Begoña Gómez, no ocultó su escepticismo respecto a los plazos marcados por el Gobierno. “Estoy completamente convencido de que en octubre no se habrá hecho realidad nada de lo que dice la ley”, aseguró. Como argumento, recordó que ya en 2010, cuando él mismo trabajaba en el Ministerio de Justicia, se hablaba de tribunales de instancia: “Han nacido sobre el papel varios años después, y ya veremos cuándo se ponen en práctica”.
Más allá del contenido jurídico, Peinado utilizó el entorno teatral del acto para establecer una comparación entre las artes escénicas y la propia labor judicial. “La Administración de Justicia es otro teatro. No es menos teatro que el que se interpreta aquí”, afirmó, sugiriendo que la escenificación también forma parte del mundo judicial.
El magistrado insistió en que el sistema tiene limitaciones estructurales que impiden a los jueces actuar conforme a sus propios criterios éticos: “Hay personas que creen que los jueces tenemos la misión de hacer justicia. Lamentablemente no, tenemos la misión de aplicar la ley. Y a veces la ley es muy injusta”, subrayó. Una reflexión que, en su opinión, refleja la frustración de muchos profesionales del sector.
“No siempre podemos hacer lo que creemos que debemos hacer”, confesó Peinado, en una intervención que combinó elementos personales, jurídicos y políticos, sin ceñirse únicamente al motivo inicial del acto.
Los vínculos del juez Peinado con el PP y sus choques con Moncloa
Juan Carlos Peinado, magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha sido objeto de atención mediática debido a sus vínculos personales con el Partido Popular (PP) y a sus recientes enfrentamientos con el Gobierno central.
Uno de los aspectos destacados en la biografía de Peinado es su conexión personal y familiar con figuras históricas del PP. Desde su infancia, mantiene una relación de amistad y parentesco con Sebastián González Vázquez, exdiputado, exsenador y tesorero nacional durante la etapa de Pablo Casado. Además, su hija, Patricia Peinado, es concejala del PP en Pozuelo de Alarcón, un municipio históricamente asociado a casos de corrupción vinculados al partido.
La notoriedad de Peinado ha aumentado en el contexto de la investigación que dirige contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En esta causa, la Fiscalía ha recurrido la decisión del juez de citar al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, como testigo, cuestionando la apertura de una pieza separada para investigar un presunto delito de malversación relacionado con la contratación de una asesora de Moncloa.
Además, el juez ha requerido a la Presidencia del Gobierno una relación detallada de todos los trabajadores y asesores que desempeñan sus labores en el Palacio de La Moncloa, con el objetivo de esclarecer la posición de la asistente de la esposa del presidente. Estas acciones han generado tensiones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, evidenciando la complejidad de las relaciones institucionales en España.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado amparar al juez Peinado tras las críticas del Gobierno a la investigación que lidera sobre Begoña Gómez. La Comisión Permanente del CGPJ argumentó que debe ser el propio magistrado quien solicite directamente el auxilio del órgano judicial y no a través de terceros, como fue el caso de las solicitudes presentadas por Vox y las asociaciones Hazte Oír y Manos Limpias.
