El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este viernes la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que contempla dos líneas principales de actuación para mejorar la gestión de los recursos judiciales y agilizar los procesos en los tribunales: una reforma organizativa y otra procesal.
El real decreto, firmado por el Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene una extensión de 272 páginas y establece que la ley entrará en vigor tres meses después de su publicación en el BOE, es decir, el 3 de abril de 2025. Sin embargo, algunas disposiciones adicionales comenzarán a aplicarse a los 20 días de su publicación, mientras que la transferencia de competencias en materia de violencia sexual a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se implementará nueve meses después de la publicación oficial.
La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia es una realidad en el BOE.
— Félix Bolaños (@felixbolanosg) January 3, 2025
Gracias a todos los que lo habéis hecho posible, especialmente a los servidores públicos del Ministerio que llevan más de una década trabajando para transformar la Justicia. https://t.co/DcOuhHdFGG pic.twitter.com/B4mcOfEGz1
La norma fue aprobada en el Congreso el 19 de diciembre pasado, tras superar el veto del PP en el Senado, gracias a una mayoría absoluta que permitió su ratificación. Además, la ley pudo avanzar después de que Podemos decidiera retirar su amenaza de bloquearla, al recibir del ministro de Justicia, Félix Bolaños, el compromiso del Gobierno de suspender los desahucios y mantener las ayudas al transporte.
El horizonte tras la ley
La reforma organizativa que introduce esta ley tiene como objetivo mejorar la especialización y gestión de los recursos judiciales. Para ello, se crearán los Tribunales de Instancia, que centralizarán las competencias de ciertos procedimientos judiciales, y las Oficinas de Justicia Municipales, que facilitarán el acceso y la gestión de los trámites judiciales a nivel local. Este modelo busca optimizar los recursos disponibles, promoviendo una estructura más eficiente en los tribunales.
Por otro lado, la reforma procesal se centra en agilizar los trámites judiciales para aliviar la sobrecarga de los juzgados. Para ello, se introducirá el uso de medios alternativos de solución de controversias (MASC) en los ámbitos civil y mercantil. Estos mecanismos incluyen la mediación y el arbitraje, que permitirán resolver conflictos sin necesidad de recurrir a los tribunales, reduciendo así la presión sobre el sistema judicial. La implementación de estas medidas tiene como objetivo disminuir los tiempos de espera y garantizar una justicia más rápida y accesible para los ciudadanos.
