La denuncia presentada por la Abogacía del Estado en relación con el caso Pegasus, que investiga el espionaje a los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recaído en el Juzgado Central del Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es José Luis Calama, una vez realizado el reparto de la causa por el Decanato. En cuanto al Ministerio Público, será el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, el encargado de la investigación, tal y como ha adelantado Colpisa.

Se da la circunstancia que la causa se queda en el juzgado en el que entró en un principio, ya que fue el propio Calama quien, tras recibirla el 2 de mayo en el Juzgado de Guardia, la envió a reparto al denunciar uno hechos cometidos hace más de un año.

Según han informado a ElPlural.com, lo más probable es que Calama investiga la comisión de un delito enmarcado en el Artículo 598 del Código Penal, el que hace referencia al descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la Defensa Nacional.

Sin embargo, y debido a lo sofisticado del programa Pegasus, las mismas fuentes explican que el recorrido de la investigación se augura corto, pues es prácticamente imposible determinar el origen de la 'infección' de los teléfonos móviles de ambos políticos. Otra historia es si esa investigación se dirige contra la empresa israelí que creó y vendió Pegasus.

El espionaje

Según informó el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, el virus Pegasus consiguió extraer 2,6 gigas del teléfono del presidente del Gobierno en mayo de 2021 y 130 megas en junio. Del teléfono de la ministra de Defensa solo se extrajeron datos una sola vez, 9 megas de información.

En su comparecencia ante los medios, Bolaños habló de “intrusiones consumadas” en las que se ha producido una “extracción de un determinado volumen de datos de los terminales” y ha calificado las intervenciones de “ilícitas” y “externas”.

 “Cuando decimos intrusiones externas, queremos decir que son ajenas a los organismos estatales y no cuentan con autorización judicial de ningún organismo oficial. Por eso las calificamos de ilícitas y externas. Por ahora no hemos terminado la verificación de los terminales del conjunto del Gobierno”, apostillaba el ministro de Presidencia.