El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha anunciado una demanda contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el conjunto del Ejecutivo por el espionaje con el software Pegasus. A ella se ha sumado también el exvicepresidente del Parlament, Josep Costa.
Según un comunicado de la oficina del expresidente de este martes, ambos han presentado un requerimiento "exigiendo el cese de la vulneración de sus derechos fundamentales como víctimas de espionaje ilegal" y en los próximos diez días presentarán ante el Tribunal Supremo una demanda --textualmente-- de protección de los derechos fundamentales contra el presidente y su Gobierno.
Si este procedimiento termina con un recurso de amparo inadmitido o resuelto en el Tribunal Constitucional, prevén presentar una demanda por vulneración de derechos fundamentales contra España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo (Francia).
Torra y Costa han asegurado haber confirmado --respectivamente-- ocho infecciones en 2020 y cuatro en 2019, que a su juicio eran momentos política o judicialmente sensibles.
Han apuntado a Sánchez "como máximo representante y responsable de los servicios de inteligencia del Estado español" y al Gobierno por entender que dirige --en sus palabras-- toda la política interior y exterior, y es a quien el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) informa de sus actividades.
Exigen saber "qué información han obtenido con el espionaje, quién la ha conocido, cuál se ha destruido y cuál se ha conservado" y piden al Ejecutivo que desclasifique toda la información y documentación del caso.
"Vulneración de derechos fundamentales"
Dicha acción judicial defiende "conseguir acreditar la vulneración de derechos fundamentales y que se condene a España por ello", además de depurar responsabilidades penalmente.
La demanda asegura que el uso del software Pegasus supone "una total suspensión de los derechos a la intimidad o privacidad de la vida personal y familiar, al secreto de las comunicaciones y a la protección de datos".
Por ello, considera el espionaje "una interferencia absolutamente desproporcionada y sin base legal en los derechos de los afectados" y detalla la intervención, escucha, sustracción, recopilación, tratamiento, uso, difusión y almacenaje de la información obtenida.
