El magistrado del Juzgado número 25 de instrucción de Madrid ha abierto diligencias contra el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, por filtrar datos de dos periodistas que investigaban la presunta obra ilegal del piso donde vive Isabel Díaz Ayuso, según avanza El País.
La magistrada Raquel Robles ha movido ficha después de que el PSOE interpusiera una denuncia el pasado mes de enero, dando traslado a la Fiscalía para que se pronuncie por medio de un informe sin carácter vinculante. Los hechos que se investigan se remontan al 19 de marzo de 2024, cuando dos reporteros estrechaban el cerco sobre el estado de obra, presuntamente sin permisos, en el piso donde cohabita la presidenta de la Comunidad de Madrid junto a su pareja, Alberto González Amador.
En virtud de una base de datos abierta a la ciudadanía, donde descansaban dos ódenes de paralización del Ayuntamiento de Madrid de una reforma cuyo inicio había sido comunicado el 4 de agosto la pareja de la presidenta madrileña. Los periodistas de El País querían verificar si la obra continuó a pesar de tales órdenes, por lo que preguntaron a comerciantes y vecinos si recordaban algún tipo de indicio que apuntara en esa dirección.
Los periodistas conversaron con los vecinos de la zona y cuando se disponían a abandonar el edificio, un hombre de mediana edad, vestido de paisano, se les acercó y se identificó como policía nacional mientras sostenía su placa. La conversación transcurrió en tono cordial, reclamando la identificación de los periodistas, quienes les entregaron sus credenciales y los DNI. El agente se retiró hacia un vehículo aledaño y tomó nota de los datos. Tras ello, otros dos hombres, también de calle, contemplaban la escena a lo lejos, sin identificarse. El agente en cuestión comprobó la documentación y los periodistas se marcharon.
Una hora después de que varios periodistas de EL PAÍS investigaran y reportaran sobre temas vinculados a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, su equipo difundió un mensaje a la prensa. En dicho mensaje, se acusaba a los informadores del periódico de “acoso” hacia los vecinos de la presidenta, incluidos menores de edad. La comunicación también acusaba al delegado del Gobierno de amparar esas conductas, afirmando que se había denunciado a la Policía Nacional, aunque sin recibir el apoyo adecuado. Además, se señalaba a empleados de eldiario.es como supuestos responsables de intentar acceder a la casa de la presidenta, un intento de intimidación que ambos medios desmintieron.
Este ataque a la prensa ocurrió apenas días después de que el medio eldiario.es publicara una grave acusación contra Enrique Rodríguez, uno de los asesores de la presidenta Ayuso, quien habría amenazado a una periodista con palabras agresivas en un mensaje de WhatsApp, diciendo: “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den”. La denuncia generó una oleada de críticas contra Rodríguez y fue condenada por varias organizaciones periodísticas nacionales e internacionales, como el Comité Internacional para la Protección de los Periodistas y el Instituto Reuters.
El comportamiento hacia la prensa no pasó desapercibido, y la Plataforma para la Protección de Periodistas, vinculada al Consejo de Europa, emitió una alerta ante las amenazas y la publicación de datos personales de los periodistas implicados. Esta serie de incidentes ha puesto en evidencia las tensiones entre la prensa y la administración regional, especialmente cuando se cuestiona la transparencia y la legalidad en la gestión pública.
Pocos días después de las acusaciones de intimidación, EL PAÍS publicó una investigación que confirmaba que Amador, un colaborador cercano de Ayuso, desobedeció las órdenes de paralizar una obra en su propiedad, lo que fue verificado por una inspectora municipal. Este hecho dio pie a un expediente sancionador por parte del Ayuntamiento de Madrid, impulsado por la líder de la oposición, Rita Maestre. Sin embargo, el recurso interpuesto por Amador ante el juzgado contencioso-administrativo ha paralizado la multa, lo que deja abierta la controversia sobre la legalidad de sus actuaciones.
