Era la quinta ocasión en la que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el empresario Alberto González Amador, acudía a declarar a la Audiencia Provincial en el curso de una investigación que empezó hace casi un año y que sitúa a la pareja de la presidenta regional como presunto autor de dos fraudes fiscales por un valor de 350.000 euros.
Con las miradas puestas a primera hora de este lunes en las puertas del juzgado, González Amador llegaba pero, lejos -o no- de lo esperado, se acogía al derecho de no declarar. Una vez iniciada la cita judicial, la defensa de este ha solicitado una nueva suspensión, pero, ante la negativa de la jueza, González Amador se ha acogido al derecho de no declarar.
Sin embargo, al margen del curso que tome la investigación y de cuándo se fije la próxima cita, a expensas de si declarará o no, el derecho a no declarar por parte de González Amador se produce casi un mes después de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en investigación paralela a esta, también optara por lo mismo rechazando contestar a las preguntas de las acusaciones populares, el magistrado Hurtado y el letrado del novio de Ayuso. El motivo que radicaba tras ello, según él mismo señaló, era considerar que la instrucción del caso es nula, ya que añadía que las presuntas pruebas obtenidas lo fueron a través de un “allanamiento”.
Ruido con el fiscal general, silencio con González Amador
Entre ambas citas judiciales tan solo ha habido un mes de distancia. Sin embargo, la reacción por parte del Partido Popular dista mucho más. El pasado 29 de enero, después de conocerse que el fiscal general únicamente contestó a su defensa, ejercida por la Abogacía del Estado, desde las filas populares llovían las críticas.
El portavoz de la formación, Borja Sémper, lamentaba estar “asistiendo en Madrid a uno de los casos más dramáticos, pero en cualquier caso más preocupantes a lo largo de nuestra joven democracia”. Con ello, hacía referencia a la no declaración de García Ortiz, sobre quien añadía que estaba siendo investigado “por haber utilizado información confidencial contra la oposición o contra un partido que el presidente del Gobierno ha decidido que tenía que ser atacado”.
“El fiscal general del Estado ha comparecido ya en el Supremo, investigado por la comisión de delitos penales. Sorprendentemente solo ha respondido a las preguntas de su abogado. Quien tiene la responsabilidad de perseguir el delito en España está siendo investigado por la comisión de un delito penal. Esto es muy grave y conviene recordar también que la ley nos protege frente al abuso del poder, frente al uso arbitrario del poder por parte de los poderosos”, señalaba.
En líneas similares, Sémper reprochaba que la actitud del fiscal al cogerse a su derecho de no declarar estaba “horadando la credibilidad de la institución”. “En la presunta connivencia entre la Fiscalía General del Estado y Moncloa en relación con la utilización de información reservada es de tal gravedad que lo que llama la atención es que hoy el fiscal general del estado haya comparecido en el Supremo como fiscal general del estado y no como un ciudadano independiente”.
Un aluvión de críticas que ahora brilla por su ausencia en el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y que entonces también se hizo extensible a demás cargos del gobierno autonómico. Así, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, criticaba que García Ortiz “no colabore” y sobre su negativa a contestar, lo avisaba de poner “en solfa” la actividad del juez. “Hoy también hemos visto que se ha negado a declarar, simplemente ha contestado las preguntas de su propio abogado, incluso se ha atrevido a cuestionar la labor del propio juez simplemente por hacer el trabajo que le corresponde”, señalaba”.
Unas líneas compartidas también por el propio alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, quien instaba al fiscal general a que “se aparte de la doctrina del sanchismo”.
Pese a la rotundidad de todas estas acusaciones y críticas, ahora el Partido Popular parece guardar silencio ante la no declaración de González Amador. Con ello, son ya cinco las citas judiciales en las que la pareja de Ayuso sale del juzgado conforme entra, sin prestar declaración. No solo ha sido este quien se ha acogido al derecho de no declarar, sino también los otros cuatro citados: Agustín Carrillo Saborido, miembro del PP de Arahal (Sevilla); José Miguel Carrillo Saborido, hermano del anterior; David Herrera Lobato, 18 empresas en Arahal; y Maximiliano Eduardo Niederer González, empresario mexicano y presunto testaferro de González Amador.
