“El informe revela que el 43,53 % de los órganos judiciales superan el indicador del 150% de carga de trabajo, estando particularmente afectados una serie de órganos, que superan dicho indicador”. Así, JpD señala: “Juzgados de lo social sin ejecuciones: 97,83 %; con ejecuciones (62,37%) Juzgados de primera instancia: 96,95% Juzgados de lo mercantil: 93,75 % Juzgados de familia: 53,40% Audiencias Provinciales Penales: 52,22% Juzgados Primera instancia e Instrucción: 45,03 %”
Riesgos psicosociales
“Estas conclusiones vienen avaladas por informes ajenos al CGPJ; como el recientemente elaborado por Jueces para la Democracia, que muestra que la situación de riesgos psicosociales en el seno de la carrera judicial es alarmante”. La razón es el incremento del estrés derivado del exceso de trabajo en relación con el tiempo disponible. Esta situación la sufren un 92,66 % de los encuestados, explican.
La justicia cercana, desbordada
“La primera conclusión que se ha de extraer de tales datos – continúan- es que la justicia cercana al ciudadano en sus facetas de trabajador/a, pequeño/a empresario/a, miembro de una familia, o víctima de delitos está absolutamente desbordada”.
Muy por debajo de la media europea
Para JpD La razón de esta situación, entre otras causas, “ hay que achacarla la política judicial errática de los sucesivos Ministerios de Justicia que nos sitúa como país de Europa que tiene una media de jueces/habitante 10 puntos por debajo de la media europea”.
Plazas congeladas y más casos por la crisis
“El Ministerio de Alberto Ruiz Gallardón no ha sido una excepción, ha congelado las plazas de oposición y acceso por cuarto turno, cubriendo sólo las vacantes que se producen (muertes, jubilaciones, etc.), sin incrementar nada la dotación de personal, mientras los asuntos ingresados no han parado de crecer, entre otras consecuencias, por la crisis económica”, denuncian.
Sobrecarga de trabajo y errores
La segunda conclusión para la asociación progresista es que “los jueces, magistrados, fiscales y funcionarios que nutren el servicio público de Justicia llevan cinco años con una sobrecarga de trabajo insufrible, que aumenta, como es lógico, la posibilidad de errores, en temas tan sensibles como la justicia penal, social o de familia y que, además, redunda en un descenso de la calidad del servicio que se presta al ciudadano/a, derivado del aumento de las esperas para la resolución de sus conflictos y la satisfacción de sus derechos”.
Sustitutos suprimidos y jueces sin plaza
“La tercera conclusión, paradójica con las dos anteriores, pasa por las preocupantes tasas de precariedad en la Carrera judicial: el Ministerio de Justicia suprimió 1200 sustitutos y ahora 395 jueces de nuevo ingreso están sin plaza, lo que afecta doblemente a la garantía de inamovilidad y a la calidad del servicio que se presta, además de a su derecho a conciliar la vida familiar y laboral”, explica JpD.
Demora en cuestiones sensibles
También señalan que “las sustituciones internas entre Jueces ha comportado, como era previsible, una demora en señalamientos de cuestiones tan sensibles como despidos, divorcios, juicios penales, etc.”.
Crear las plazas necesarias
La Asociación plantea una serie de medidas que el nuevo Ministerio debería abordar empezando “por la creación de 815 plazas en un horizonte temporal de cinco años, es decir 165 plazas nuevas por año. Ello comporta un total de 565 plazas, a las que habría que añadir 250 plazas, contando 50 por año para cubrir las vacantes que de media se producen en la carrera judicial anualmente”.
Evaluar riesgos psicosociales
También considera esta Asociación judicial que el CGPJ debe proceder a la evaluación de riesgos psicosociales; y a fijar una carga máxima a efectos de salud laboral: “la justicia no puede seguir funcionando a costa de la salud de los que la sirven. Ello redunda en detrimento del servicio y es impropio de una democracia avanzada”.
Máximo de asuntos por juez
A tal efecto afirman la urgencia de que el Consejo “fije a efectos de salud laboral un máximo de asuntos/juez al mes, a fin de que desde el momento en que se superen se activen los mecanismos precisos para reforzar el juzgado y, en cualquier caso, no pueda exigirse al juez rendir por encima de ese máximo, como está ocurriendo, pues ello es un atentado contra la salud e integridad física de los afectados”
Medidas para prevenir
Entre las medidas preventivas plantean temas tales como la prohibición de superar cargas máximas de trabajo a efectos de salud, compensaciones por exceso de jornada, convocatoria de vacantes hasta doblar el número de efectivos; evaluación de personas especialmente sensibles a riesgos psicosociales y la realización de un mapa de juzgados que por su carga de trabajo y condiciones evidencien un alto nivel de riesgo.
Terminar con la justicia lenta
Por último, realizan un llamamiento a todas las asociaciones judiciales “a fin de que podamos abordar un período de negociaciones con el nuevo equipo del Ministerio y con el CGPJ a fin de terminar de una vez con la lacra social de la justicia lenta que sólo puede interesar a los que gozan de recursos para permitírsela y que perjudica a las clases más desfavorecidas”.
