La Guardia Civil está registrando este viernes la casa del empresario Juan Carlos Barrabés. Una operación que se enmarca dentro de la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Concretamente, el registro está siendo realizado por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) dentro de una pieza separada en la que se investiga si Barrabés, profesor del máster que dirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, se benefició de su relación de amistad para engordar su dilatada recepción de contratos públicos.
Una nueva entrada de la UCO en una investigación en la que, por el momento, y pese a la insistencia de Peinado, ya han concluido hasta en dos ocasiones que las contrataciones se ajustaron plenamente a la legalidad vigente y que no existe nada punible en las actuaciones de la mujer del presidente del Gobierno ni del empresario presuntamente beneficiado.
De hecho, fue hace apenas un mes cuando el cuerpo especializado de la Guardia Civil insistía en que no existían indicios de delito: "En base a la información observada en los expedientes, la preparación, inicio, tramitación, licitación, adjudicación, formalización y ejecución de los contratos -algunos de ellos vigentes actualmente-, se habrían desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública", sentenciaban.
Un escrito rotundo que se unía al realizado durante las primeras semanas de la instrucción de Peinado, en la misma línea, y que se escribía tras analizar hasta cinco informes de contratación de las empresas de Juan Carlos Barrabés, prolífico en la contratación público y destinatario habitual de lotes adjudicados por diferentes administraciones de distinto signo político, como el Ayuntamiento de Madrid liderado por el popular José Luis Martínez-Almeida.
La declaración de Sánchez
Fue este jueves cuando el juez Juan Carlos Peinado, magistrado del juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, decidió hacer públicas tanto para la defensa como para las acusaciones del caso el vídeo de la declaración como testigo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizada el pasado 19 de julio en el Palacio de La Moncloa.
Durante la declaración, y acogiéndose a su derecho a no declarar en contra de su mujer, se podrá ver a Sánchez y a Peinado separados por dos meses enfrentadas. Una imagen potente, como bien sabe tanto Peinado como las acusaciones populares, lideradas por el pseudosindicato Manos Limpias, la organización Hazte Oír y el partido político Vox, que no servirá para abrir ninguna línea de investigación extra.
No obstante, y pese a que la Fiscalía había solicitada que la testifical se mantuviese guardada en la caja fuerte de los juzgados, Peinado considera que del silencio del líder del Ejecutivo pueden extraerse "conclusiones": Su silencio es legítimo, pero, como es bien sabido, permite dar lugar a la formación de inferencias, que, en su caso, en conjunto con otros elementos de carácter objetivo, pueden llevar a conclusiones de carácter objetivo, al objeto de valorar la posible concurrencia de aspectos integrantes, de posibles indicios, bien, en sentido inculpatorio hacia algún investigado, o por el contrario, en sentido excluyente de responsabilidad penal", explicaba el magistrado este mismo jueves en un comunicado.
