La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha opuesto a que Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, sea imputado por revelación de secretos a raíz de la querella en su contra presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Concretamente, en el escrito realizado por el Ministerio Público y expuesto por la teniente fiscal del Alto Tribunal, Ángeles Sánchez Conde, la Fiscalía del Supremo indica que no hay base para imputar a García Ortiz argumentando que sus correos electrónicos se limitaban a ”desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, los infundios publicados por los diarios El Mundo, Vozpopuli y Libertad Digital, así como por el jefe del Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid [Miguel Ángel Rodríguez]”.
“Debe destacarse, además, que los correos electrónicos aludidos —y revelados por varios medios de comunicación de ámbito estatal con anterioridad a la nota de prensa del Ministerio Fiscal— no constituyen material probatorio. Es más, ni siquiera formaban parte de las diligencias de investigación preprocesal de la Fiscalía, pese a la afirmación que en tal sentido realiza la exposición razonada”, prosigue el escrito.
Un comunicado durísimo, en el que la Fiscalía muestra su perplejidad ante la posible imputación, que corresponde llevar o no a la práctica al Tribunal Supremo. Sánchez Conde, rematando la notificación conocida este mismo lunes, deja patente que “la nota informativa del Ministerio Público tampoco supuso una interferencia en las relaciones cliente-letrado”.
“Fue el investigado o su representación letrada, conforme a la práctica habitual en todas las fiscalías, quienes tomaron la iniciativa de dirigirse a la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid para reconocer la comisión de dos delitos y alcanzar una conformidad, que —como, incluso, ha publicado la prensa— no ha sido obstaculizada en ningún momento por el Ministerio Fiscal”, concluye, dejando así patente que fue el propio González Amador quien reconoció sus delitos de fraude fiscal al intentar alcanzar un acuerdo para eludir su entrada en prisión.
Linchamiento informativo
A juicio de la Fiscalía del Tribunal Supremo, lo que ocurrió es que se puso en marcha una campaña orquestada por los medios de comunicación de la derecha española para desprestigiar al propio García Ortiz y a la Fiscalía General del Estado causando un grave perjuicio. Hechos, estos, que provocaron que fuese “indispensable” que Ortiz desmintiese las calumnias publicadas por periódicos y digitales de tirada nacional y sembrados por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
“En definitiva, debemos reseñar que la campaña periodística orquestada para poner en entredicho la actuación de la Fiscalía española, que aparecía aderezada con datos que en modo alguno eran ciertos, colocaba a la misma en una situación de grave desprestigio, carente de toda base probatoria, lo que determinó que se considerase indispensable desmentir dichas afirmaciones para trasladar a la opinión pública la corrección de la actuación del Ministerio Fiscal, organismo cuya relevancia constitucional no puede ser desconocida”, indica Sánchez Conde.
“Debe reseñarse, nuevamente, que todos los datos obrantes en la nota de prensa ya habían sido publicados por multitud de medios de comunicación, como es de ver en la relación cronológica de noticias que se ha hecho constar en el fundamento de derecho primero del presente dictamen y que constaban ya documentadas en la causa incoada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid”, añade.
