El exalcalde del PP de Guadarrama, José Ignacio Fernández Rubio, y su primer teniente de alcalde se enfrentan a una pena de 3 años de cárcel por un delito continuado de prevaricación. Según expone el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso ElPlural.com, Fernández Rubio presionó al propietario de una finca para que la cediera o vendiera a una empresa de la que él era abogado y el teniente de alcalde socio.
El acoso a su víctima fue de tal calado que, tras ser reconocida por un médico forense, presentó un cuadro clínico “compatible” con el diagnóstico ansioso depresivo, consecuencia de la presión a que fue sometido. Junto a los expolíticos, también se sentará en el banquillo el exjefe de la Policía Local, para quien el fiscal pide dos años de cárcel por un delito de coacciones.
Todo comenzó en 2007 cuando, José Ignacio Fernández Rubio y su mano derecha eran alcalde de Guadarrama y teniente alcalde, respectivamente. Durante su mandato llevaron a cabo una serie de conductas de forma “continuada” y en “connivencia” de cara a presionar a J. R. R. a fin de que les cediera o les vendiera una finca de su propiedad colindante con otra propiedad de Golden Hipotecario S. L. de la cual el regidor era abogado y su número dos en la alcaldía, socio.
Acoso y derribo
En la citada finca se hallaba ubicado el restaurante “El Molino”. A criterio de la Fiscalía, ambos acusados bien mediante llamadas de teléfono, “continuas” inspecciones de los agentes de la Policía Local, interposición de demandas civiles contra el propietario o bien mediante la denegación de permisos, paralizaban cualquier trámite que J. R., R. solicitaba al consistorio. De este modo, ambos acusados ordenaron a A. V. V., en su condición de jefe de la Policía Local del Guadarrama, que diera la orden a sus agentes para que vigilaran continuamente la finca de J. R. R. y denunciaran cualquier irregularidad. Para este acusado la Fiscalía pide dos años de prisión por un delito continuado de coacciones.
El 5 de abril de 2007 el exregidor llamó de nuevo al propietario del restaurante, “y con la clara intención de doblegar la voluntad del mismo”, le dijo que tenía que retirar la valla que había situado en la parcela con la intención de que permitiera que dicho terreno fuera utilizado como parking del restaurante el Molino. El acusado le manifestó que si lo hacía no iba a tener problemas con nada de lo que solicitara al ayuntamiento, pero que de lo contrario iba a denegarle todo lo pidiera, paralizarlo o no tramitarlo y que, además, “crearía una sociedad con el fin de demandarle hasta que se cansara o se arruinase así como que tendría a la policía allí continuamente para que no pudiera mover ni una piedra”.
Asimismo, la Fiscalía recuerda que entre los meses de enero a diciembre de 2007, las sociedades Golden Arquitectura de Inversiones y Golden Hipotecario interpusieron cuatro demandas civiles contra J. R. R. en las que en tres de ellas intervino como abogado J. I. F. R. “con el fin de desposeer al mismo de su finca y obligarle a realizar importantes desembolsos económicos”.
