La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha remitido una misiva a Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, en la que denuncia “la sucesión de irregularidades institucionales que se han producido en el procedimiento penal” contra Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, y condenado en el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, además de una indemnización por daños morales de 10.000 euros y una multa de 7.200 euros.
Así lo ha expresado la asociación profesional UPF -de la que fue presidente García Ortiz- en una nota de prensa, afirmando que los hechos observados en la sentencia ratificada por el Tribunal Supremo “no son meros desacuerdos jurídicos, sino anomalías que comprometen la independencia judicial, generan una falta de imparcialidad y afectan al equilibrio institucional en un Estado de Derecho”. Además, la asociación hace especial énfasis en la “acumulación de funciones decisivas en un círculo reducido de magistrados”. Concretamente, denuncia que fueron los mismos jueces que participaron en “la admisión de las querellas, la valoración inicial de indicios, el control de la instrucción, la revisión de decisiones claves y, finalmente, el enjuiciamiento”.
De este modo, los fiscales recriminan que la sentencia sobre García Ortiz transcienda “sin motivación” durante semanas, dado que ha día de hoy aún no se desconocen las argumentaciones de dicho fallo condenatorio. “Afecta directamente al derecho de defensa, a la transparencia y a la confianza social de las instituciones”, añaden.
Además, hacen referencia al “curso remunerado impartido en pleno periodo de deliberación ante una de las acusaciones populares”, aludiendo a una formación del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, acusación popular en el juicio contra el ex fiscal general del Estado, a la que pertenecían los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Andrés Martínez Arrieta, este último presidente del tribunal que enjuició a García Ortiz.
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La UPF también denuncia lo que consideran como “una instrucción cono medidas extremadamente invasivas”, pues la orden de entrada y registro en la Fiscalía General del Estado “incluyó el volcado masivo de datos personales del investigado durante casi ochos meses, pese a que los hechos del investigado se limitaban a 48 horas”. Asimismo, señalan “comportamientos públicos impropios” durante el proceso judicial y la deliberación. De manera precisa, hablan de “intervenciones en sala incompatibles con la neutralidad” y de “vínculos académicos recientes entre magistrados y abogados acusadores”.
Por todo ello, la asociación de fiscales pide a Satterthwaite “que analice los hechos y valores si comprometen la independencia judicial”; además de “instar al Estado español a revisar prácticas que puedan vulnerar estándares internacionales”. También le invitan a “considerar una visita oficial” a España, tal y como prevé su mandato, con el fin de “evaluar el impacto institucional” de este caso.
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