Nuevo inicio de semana en el que unos de los principales interrogantes de la actualidad política y judicial sigue presente: ¿Por qué el Tribunal Supremo ha decidido hallar culpable a Álvaro García Ortiz por un delito de "revelación de datos reservados"? La conclusión a la que llegaba el tribunal de jueces encargados de juzgarle se conoció rápidamente, escasos días después de que concluyera la última sesión de este proceso; sin embargo, una fue comunicada la decisión de considerarle autor de los hechos que se investigaban, la argumentación que exponga los motivos encontrados para ello sigue pendiente de hacerse pública.
Culpable del delito mencionado y condenado a dos años de inhabilitación, al pago de una multa y a compensar económicamente a Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso y quien reconoció en el correo electrónico filtrado a la prensa que había cometido un fraude a la Hacienda Pública. Esto es lo que se sabe por el momento y, mientras siguen pasando los días, siguen las dudas de si se le considera autor de los hechos por la propia filtración del email o por haber incluido estractos del mismo en la nota de prensa emitida por la Fiscalía para desmentir el bulo propagado, en el cual se indicaba que había sido esta institución la que había ofrecido un pacto a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Como se hace mención, son dos las posibilidades por las que Álvaro García Ortiz puede haber sido condenado. No obstante, a pesar del escaso tiempo que tardó en conocerse esta conclusión a la que llegaron los siete jueces encargados del caso, con cinco votos a favor y dos en contra, ahora la redacción de la sentencia firme se sigue demorando y, por ello, los motivos por los que se ha considerado ejecutor del delito siguen en el aire. Esto hace que, conforme pasan los días, lo único presente sea la culpabilidad del ya exfiscal general del Estado, sin que se sepa si la base de la condena halla unos motivos más sólidos o menos, así como retrasa la presentación del recurso que, presumiblemente, García Ortiz haga en el Tribunal Constitucional.
El "final" de este proceso judicial ha despertado polémica por las dudas existentes en torno a si las pruebas clarifican o no que fuera el exfiscal general del Estado quien filtró el correo electrónico en el que Alberto González Amador reconocía su culpabilidad. Así, no solo se ha provocado nueva tensión en el debate político sino también discrepancias en la propia judicatura, en la cual algunas asociaciones de jueces han expresado su preocupación por la manera en la que se ha procedido en este caso y la condena conocida.
La propia noticia que hacía llegar que García Ortiz era señalado como culpable de los hechos ya despertó gran controversia, si bien, el retraso de la publicación de la sentencia firme también está generando roces, ya que se están haciendo numerosas críticas a la situación que está dejando, por la cual el exfiscal general del Estado ha quedado marcado como autor de un delito ante la imagen pública pero no se conoce ni el por qué ni el como, es decir, solo el señalamiento. Esto es algo que ha recriminado la Unión Progresita de Fiscales, entidad que ha indicado en un comunicado que "quien es condenado sin conocer los fundamentos de la condena queda expuesto ante la sociedad en una situación que solo puede describirse como una forma de violencia institucional: se le atribuye la máxima responsabilidad penal posible en su ámbito sin que se hagan públicos los argumentos que justificarían tan excepcional severidad".
Siguen pasando los días sin que se sepa la sentencia firme de este caso. Mientras tanto, Teresa Peramato ha sido nombrada nueva fiscal general del Estado y el cruce de acusaciones se mantiene en un debate que encuentra dos bandos contrarios: los que consideran que los magistrados encargados del caso no han procedido adecuadamente y que, además, hallaban conflictos de intereses, y los que apuntan a que con las críticas a los jueces se está deslegetimando a la Justicia. Todo ello sucede mientras se sigue aguardando a las argumentaciones del tribunal encargado de juzgar a Álvaro García Ortiz para conocer por cuál motivo ha sido hallado culpable y, sobre todo, en qué pruebas se han basado para ello.
