Ocho días después, la sentencia sigue sin llegar. El pasado jueves 20 de noviembre el Tribunal Supremo condenaba al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por delito de revelación de secretos a dos años de inhabilitación, una multa de 7.500 euros y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, el fallo se conocía sin tener una sentencia escrita en legal forma, algo que, una semana después, todavía no ha sucedido.
El fallo del Alto Tribunal tuvo cinco votos a favor y dos particulares que disintieron de la decisión, los de las magistradas de la Sala II Ana María Ferrer García y Susana Polo García. “La sentencia, pendiente de redacción, surtirá efectos a partir de su notificación en legal forma”, rezaba la providencia dictada la pasada semana.
Con este telón de fondo, desde la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han emitido este viernes un comunicado con el que expresan “su profunda preocupación” y el malestar ante el retraso del Supremo en presentar la sentencia por escrito. “La Unión Progresista de Fiscales desea trasladar a la ciudadanía su profunda preocupación ante el hecho de que, más de 8 días después de que el Tribunal Supremo anunciara el fallo condenatorio contra el Fiscal General del Estado, la sentencia siga sin motivación pública. La conmoción que aquella decisión provocó en la opinión pública no ha remitido. La falta de fundamentación jurídica mantiene a la sociedad -y al propio afectado- en un estado de incertidumbre incompatible con el funcionamiento regular de la justicia en democracia”, comienza el escrito.
Sin motivación no hay justicia pic.twitter.com/6jIuW9djQZ
— UPFiscales (@UPFiscales) November 28, 2025
Tras ello, la UPF pasa a detallar los motivos por los que considera “claramente improcedente e inapropiada” la comparación de este fallo y el retraso en comunicarse la sentencia con otros fallos en recursos de casación. “Primero, porque no estamos ante un recurso, sino ante un juicio en primera y única instancia. [...] No hay instancia superior que pueda corregir o revisar su decisión. Por eso la motivación es esencial y no puede retrasarse: es la única explicación posible de por qué se condena”, señalan. En segundo lugar, la UPF hace referencia a que “aquí sí está en juego la presunción de inocencia en su máxima intensidad”. “En los recursos no se enjuicia por primera vez a nadie; aquí sí. Y la motivación -la explicación detallada de los hechos, del razonamiento jurídico y de la valoración de las pruebas- es el corazón mismo que garantiza este derecho fundamental”, agregan.
Por último, los fiscales advierten de que “no estamos ante un litigio ordinario”. “Estamos ante la primera causa penal en la historia contra un Fiscal General del Estado en ejercicio, una figura que encabeza una institución constitucional, y cuyo enjuiciamiento tiene una evidente trascendencia democrática, institucional y social”, sostienen. Por todo ello, añaden que este caso “exige estándares reforzados de motivación, transparencia y respeto a las garantías, no procedimiento abreviados ni prácticas propias de asuntos de naturaleza completamente distinta”.
Al hilo de todo ello, en dicho comunicado la UPF advierte de que “privar temporalmente al condenado del conocimiento de esa motivación produce una grave inseguridad jurídica y genera un daño institucional y personal difícilmente reparable”. “En nuestra democracia, la justicia emana del pueblo y en su nombre se administra. Por ello, la sociedad tiene derecho a conocer por qué se condena, no solo que se condena. Cuando la motivación se dilata durante días o semanas, se debilita la confianza pública, se enturbia el debate democrático y se alimentan sospechas que perjudican a todas las instituciones”, agregan.
Por todo ello, “la Unión Progresista de Fiscales solicita públicamente al Tribunal Supremo que dé a conocer de inmediato la sentencia completa con su fundamentación jurídica. Solo así podrá restablecerse la normalidad institucional, garantizarse el derecho del afectado y ofrecerse a la ciudadanía la información necesaria para comprender una resolución de tan extraordinaria trascendencia. [...] La motivación judicial no puede seguir esperando”, concluye el comunicado.
