La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepona ha decidido mantener abierto el procedimiento por malversación de caudales públicos que afecta al alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), y a Cristina Pulido, contratada como funcionaria eventual durante apenas mes y medio en 2023.
El auto, fechado el 4 de diciembre de 2025 descarta la petición de sobreseimiento realizada por las defensas y concluye que existen indicios suficientes para seguir adelante con el proceso ante el Tribunal del Jurado.
Según el magistrado, los indicios apuntan a que García Urbano, «aprovechando su condición de alcalde», habría contratado a Pulido con el único fin de proporcionarle una ayuda económica, tras haberle abonado personalmente entre 1.000 y 4.000 euros mensuales durante 2022 y enero de 2023. En total, 21.000 euros destinados, según la propia investigada, al pago de alquiler y gastos personales.
Pulido fue nombrada asesora adscrita al Área de Control Externo el 13 de febrero de 2023 y cesada el 31 de marzo, percibiendo dos nóminas públicas por un total de 5.276,92 euros netos. El juez subraya que no hay constancia alguna de actividad laboral, ni registro horario, ni informes, ni participación en expediente alguno. La propia investigada declaró que solo acudió a firmar la toma de posesión.
Tampoco existe una versión coherente sobre cuáles iban a ser sus funciones: un informe municipal hablaba de supervisión de limpieza viaria e iluminación “a simple vista”, aunque Pulido residía entonces en Córdoba; el alcalde, en cambio, sostuvo que fue contratada para "monitorizar redes sociales". Para el juez, la combinación de estos elementos dibuja una “mera ficción jurídica” diseñada para que Pulido cobrara un salario municipal sin trabajar.
Indicios de delito de malversación
El auto sostiene que los hechos son subsumibles, de manera provisional, en un delito de malversación de caudales públicos previsto en el artículo 432 del Código Penal, atribuyendo a García Urbano el papel de autor directo y a Pulido el de cooperadora necesaria al beneficiarse «a sabiendas» de la razón real de su nombramiento.
El alcalde devuelve el dinero, pero no le sirve para parar la causa
La defensa de García Urbano aportó al juzgado un justificante de consignación en la cuenta del Ayuntamiento de la cantidad presuntamente malversada. El juez admite la documentación, pero aclara que este gesto no paraliza el procedimiento ni elimina los indicios delictivos.
La resolución acuerda prorrogar la investigación durante seis meses adicionales y concede cinco días al Ministerio Fiscal y a las acusaciones populares —encabezadas por la portavoz del PSOE Emma Molina Fernández y por Manuel Melchor Aguilar Illescas de Vox— para solicitar la apertura de juicio oral y presentar sus conclusiones provisionales.
