El hospital "fantasma" de Estepona, símbolo del ataque de Moreno Bonilla a la sanidad pública

Esta semana, más de mil vecinos de Estepona volvieron a concentrarse ante las puertas del hospital para exigir su apertura completa e inmediata. Convocados por la Plataforma por la Apertura Íntegra del Hospital de Estepona, reclamaron lo que debería ser una obviedad: que un edificio inaugurado hace cuatro años funcione como un hospital de verdad. Se escuchó un mensaje claro: “Queremos un hospital abierto, no un decorado para las fotos”. La movilización demuestra que la paciencia ciudadana se ha agotado.

Cuando en 2021 Juanma Moreno inauguró el Hospital de Estepona, lo presentó como un ejemplo de compromiso con la sanidad pública. Aseguró que daría servicio a más de 100.000 personas de Estepona, Manilva y Casares. Pero cuatro años después, la realidad es muy distinta: ni hospitaliza, ni opera, ni atiende urgencias de madrugada. Sus 38 habitaciones permanecen cerradas, sus tres quirófanos no se usan y los vecinos deben seguir desplazándose a Marbella para recibir una atención que debería estar garantizada en su propio municipio.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Estepona, Emma Molina, lo ha expresado con contundencia: “No pedimos milagros, pedimos que el hospital funcione al cien por cien, como se prometió. No tiene sentido inaugurar un edificio y dejarlo medio vacío mientras los vecinos siguen desplazándose a Marbella para una simple radiografía o una analítica de urgencia”. Su denuncia refleja el sentir de una comarca que se siente abandonada por la Junta y engañada por un presidente que promete modernización mientras condena a los ciudadanos a la precariedad asistencial.

Lo que ocurre en Estepona no es un fallo aislado. Es la consecuencia directa de un modelo político: el de Moreno Bonilla, que ha convertido la sanidad andaluza en un terreno de recortes silenciosos, desvío de fondos hacia lo privado y abandono de lo público. El hospital de Estepona es la prueba visible de esa estrategia. Una infraestructura moderna, construida con dinero municipal, que la Junta mantiene infrautilizada mientras ha destinado más de 3.500 millones de euros a la sanidad privada desde que el PP llegó al poder.

El edificio costó cerca de 17 millones de euros, sufragados íntegramente por el Ayuntamiento. El compromiso era claro: el municipio construía y la Junta lo ponía en marcha. Pero tras la foto de la inauguración llegó la desilusión. El hospital solo funcionó como tal durante unos meses en plena pandemia, cuando se usó para ingresar a pacientes Covid. Superada la emergencia, se cerraron las camas, se apagaron los quirófanos y lo que debía ser un hospital se redujo a un centro de consultas y pruebas básicas.

La Plataforma por la Apertura Íntegra lleva meses denunciando que el centro sigue sin estar operativo. Aseguran que hay cerca de cuarenta habitaciones cerradas, apenas se utilizan algunos servicios de radiología y laboratorio, y que por las tardes y los fines de semana el hospital funciona a medio gas.

La situación sería grave en cualquier lugar, pero lo es aún más en la Costa del Sol occidental, una zona que ha crecido de forma extraordinaria en población y donde la presión turística multiplica la demanda sanitaria. El Hospital Costa del Sol de Marbella ya está colapsado, con demoras de meses para una operación o una consulta especializada. Y aún así, el Gobierno andaluz mantiene cerrado un hospital nuevo que podría aliviar buena parte de esa saturación. Es un sinsentido que solo se explica desde la falta de voluntad política.

La Junta repite siempre el mismo argumento: la falta de profesionales. Pero la excusa no convence. Si realmente faltaran médicos y enfermeras, ¿por qué se firman conciertos millonarios con la sanidad privada? ¿Por qué hay recursos para derivar pacientes a clínicas privadas, pero no para contratar personal que ponga en marcha quirófanos y camas públicas que ya existen? La respuesta es evidente: no faltan medios, falta compromiso con la sanidad pública.

Los sindicatos lo tienen claro. Tanto el Sindicato Médico como SATSE denuncian que el centro está “absolutamente desaprovechado” porque la Junta prefiere restringir contrataciones en la pública mientras engorda la privada. Advierten de que esta política agrava las listas de espera y deteriora la calidad asistencial en toda la comarca. La infrautilización del hospital de Estepona no es un error técnico: es una decisión política.

Y lo de Estepona es solo la punta del iceberg. Cada verano, la Junta de Andalucía cierra camas hospitalarias con la excusa de las vacaciones del personal. En Málaga, Sevilla o Cádiz, los usuarios saben que cuando llega julio y agosto los quirófanos cierran parcialmente y las urgencias se saturan. En plena ola de calor, cuando los servicios sanitarios deberían reforzarse, la Junta reduce capacidad asistencial.

El resultado es un patrón cada vez más evidente: hospitales a medio gas, servicios deteriorados y pacientes que esperan meses —a veces años— para una intervención. Y mientras lo público se debilita, la sanidad privada vive su edad de oro. Moreno Bonilla habla de “libertad de elección”, pero lo que realmente promueve es la obligación de pagar para ser atendido con rapidez. Esa supuesta libertad sanitaria se convierte en un privilegio para unos pocos y en una condena para la mayoría.

La política sanitaria del Gobierno andaluz no se mide solo en cifras, sino en su coste humano. Cada cama cerrada implica un trayecto más largo, una noche de urgencias sin médicos suficientes o un anciano que debe coger un taxi hasta Marbella para recibir atención. Familias que pierden horas de trabajo para acompañar a un paciente hospitalizado lejos de su municipio, vecinos que soportan largas esperas para una simple prueba diagnóstica.

Este verano la situación ha rozado el colapso. Con la población triplicada, la Costa del Sol occidental sufre un cuello de botella sanitario que empeora cada año. Y mientras tanto, las camas de Estepona siguen vacías, los quirófanos cerrados y el edificio convertido en un recordatorio de promesas incumplidas.

Cuatro años después de aquella inauguración cargada de promesas, la pregunta es inevitable: ¿qué más tiene que pasar para que el Hospital de Estepona funcione a pleno rendimiento? La respuesta depende de una voluntad política que no existe. Abrir camas y quirófanos obligaría a contratar personal estable, y eso no encaja con el modelo del PP andaluz, basado en la precariedad y la privatización progresiva.

Andalucía no merece este modelo sanitario. Si de verdad se quiere garantizar la igualdad, la calidad y la dignidad en la atención, la solución no pasa por cerrar camas ni por derivar millones a la privada. Pasa por abrir a pleno rendimiento hospitales como el de Estepona, contratar profesionales y apostar sin matices por la sanidad pública. Porque la salud no puede esperar, y Estepona tampoco.