Moreno Bonilla rompe su palabra y congela salarios a 77.000 empleados públicos mientras rechaza 19.000 millones del Gobierno

Juan Manuel Moreno Bonilla ha vuelto a engañar a los andaluces. Esta vez, rompiendo un acuerdo salarial con los 77.000 funcionarios de la Junta de Andalucía que llevaba meses negociándose y estaba prácticamente cerrado. La excusa oficial es tan burda como inverosímil: que necesita destinar los fondos previstos para esa subida salarial a reforzar los cribados de cáncer de mama. Pero la realidad es otra muy distinta.

Hace apenas unas semanas, Moreno Bonilla rechazó la mayor condonación de deuda autonómica de la historia: casi 19.000 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez ofrecía a Andalucía. Una decisión ideológica y partidista que hoy tiene consecuencias directas sobre los trabajadores públicos, los servicios esenciales y, en definitiva, sobre todos los andaluces.

Moreno Bonilla no puede sostener el discurso de la “falta de recursos” cuando él mismo ha renunciado a una cifra equivalente al 70% del gasto sanitario anual de la comunidad. Con esos fondos, Andalucía podría haber hecho mucho más que subir los salarios de sus empleados públicos: contratar 42.000 médicos y 30.000 enfermeras, realizar 300.000 operaciones más al año o crear 10.000 nuevas plazas docentes.

Pero el presidente andaluz ha preferido seguir las órdenes de Feijóo antes que aceptar una ayuda histórica que aliviaría las cuentas de la Junta y fortalecería los servicios públicos. Y ahora intenta presentar como un acto de “responsabilidad sanitaria” lo que en realidad es una traición política y social.

Si de verdad la prioridad de Moreno Bonilla fuese la salud pública, el dinero no lo quitaría de los bolsillos de los funcionarios. Lo sacaría de los 3.500 millones de euros que desde 2018 ha desviado a la sanidad privada.

Ahí se esconde el auténtico agujero negro de las cuentas andaluzas: en el trasvase masivo de recursos públicos hacia clínicas privadas, mientras los hospitales colapsan, las listas de espera baten récords y los diagnósticos de cáncer se retrasan meses. Los cribados no necesitan un parche presupuestario, sino planificación, personal y una gestión que ponga la salud pública por delante del negocio sanitario.

Moreno Bonilla se ha acostumbrado a jugar con dos barajas. En los titulares presume de solvencia económica y superávit, pero en la práctica alega falta de fondos cada vez que se trata de mejorar los derechos de los trabajadores o reforzar los servicios públicos.

El acuerdo que la Junta ha roto no era una improvisación. Llevaba meses negociándose con los sindicatos y estaba cerrado a falta de la firma final. UGT, CCOO y CSIF entraron a la última reunión convencidos de que ese día se rubricaría el pacto, pero salieron indignados y anunciando movilizaciones.

Sobre la mesa había un compromiso de 200 millones de euros para incrementar progresivamente los salarios hasta 2030 y recuperar la “acción social” perdida desde hace años. La medida beneficiaría a unos 77.000 empleados públicos —entre funcionarios, personal de entes instrumentales y empleados de Justicia—, con salarios congelados desde hace más de dos décadas. Todo eso se ha tirado por la borda de un plumazo.

La Junta, en cambio, asegura que la negociación “sigue abierta” y que su prioridad es atender la crisis de los cribados. Pero los sindicatos lo tienen claro: es una excusa política. El dinero para reforzar los diagnósticos podría salir de otras partidas —subvenciones innecesarias, propaganda institucional o ayudas a la tauromaquia—. Lo que no tiene sentido es hacer pagar a los trabajadores públicos los errores de gestión del propio Gobierno andaluz. Ni castigar a quienes sostienen los servicios de la comunidad para tapar el caos sanitario que ha obligado incluso a la dimisión de una consejera de Salud.

Moreno Bonilla pretende confrontar a pacientes con empleados públicos, utilizando la excusa de “quitar a unos para atender a otros”. No se puede permitir tanta demagogia. Lo que se exige es acabar con la mala gestión tanto con los pacientes como con los empleados públicos andaluces, garantizando recursos y una administración eficiente que no divida ni enfrente a la sociedad.

La paralización del acuerdo salarial también pone en riesgo la aplicación de la nueva Ley de Función Pública de Andalucía, aprobada en 2023. Esa norma debía modernizar la administración, desarrollar la carrera profesional y reconocer el mérito y el desempeño. Sin dotación presupuestaria, queda en papel mojado.

Los sindicatos advierten de una “pérdida de talento” preocupante: hay trabajadores que renuncian a sus plazas porque las retribuciones no se corresponden con el coste de la vida. Andalucía se convierte así en una de las comunidades donde los funcionarios están peor pagados de España.

La incoherencia de Moreno Bonilla es clamorosa. Rechaza 19.000 millones del Estado alegando que no los necesita, pero semanas después dice que no puede cumplir un acuerdo porque “faltan recursos”. Esa contradicción responde a una estrategia política dictada desde Madrid. Feijóo no podía permitir que Moreno Bonilla se beneficiara de una condonación de deuda promovida por Pedro Sánchez, porque eso desmontaría el discurso victimista del PP sobre los “privilegios territoriales”. El presidente andaluz ha preferido sacrificar el bienestar de su tierra antes que desobedecer a Génova.

Si Moreno Bonilla hubiera aceptado esa condonación, Andalucía dispondría de margen financiero para invertir en sanidad, educación, dependencia o vivienda pública. Podría mejorar las condiciones de sus empleados públicos y garantizar servicios dignos para la ciudadanía. En lugar de eso, se aferra a una política de gestos vacíos y propaganda que no resiste el más mínimo análisis.

La supuesta “responsabilidad” de congelar salarios es en realidad un castigo injustificado a quienes sostienen la administración autonómica. Los sindicatos no van a quedarse de brazos cruzados. CSIF, UGT y CCOO han anunciado movilizaciones si la Junta no rectifica.

No se trata solo de una cuestión salarial, sino de dignidad, respeto institucional y cumplimiento de la palabra dada. El Gobierno andaluz ha jugado con las expectativas de miles de empleados públicos que esperaban una actualización justa de sus retribuciones tras años de pérdida de poder adquisitivo.

La deslealtad de Moreno Bonilla ha dinamitado la confianza y ha encendido un nuevo frente social que se suma al creciente malestar por el deterioro de la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Moreno Bonilla pretende vender esta marcha atrás como un ejercicio de “prioridades responsables”, pero no hay nada responsable en mentir a los trabajadores públicos mientras se derrochan millones en sanidad privada y se rechazan ayudas millonarias del Estado.

Andalucía no necesita más excusas ni más propaganda. Necesita un gobierno que defienda de verdad los intereses de su gente. Porque lo que está en juego no es solo una subida salarial, sino un modelo de gestión. El modelo de Moreno Bonilla es el del engaño, el clientelismo y la obediencia partidista. El otro, el que propone el Gobierno de Pedro Sánchez, es el de la corresponsabilidad, la justicia territorial y la inversión en servicios públicos. Entre ambos caminos, el presidente andaluz ha vuelto a elegir el peor: darle la espalda a Andalucía.