El fiscal general del Estado, Álvaro García, remitirá una circular a los fiscales de toda España con el criterio del Ministerio Público sobre la nueva ley de malversación. Preguntado por qué pasará con el criterio de los cuatro fiscales del procés que dicen que “no piensan apoyar la aplicación el tipo ‘privilegiado’ del nuevo delito”, sino que apoyarán el criterio del auto del juez  instructor Pablo Llarena que asevera que se cometió un “tipo agravado” de malversación, García ha dicho en un acto en Valencia: “Los fiscales del Supremo harán lo que les diga la Fiscalía”.

Fuentes cercanas a los cuatro fiscales del procés consultadas por ElPlural.com, preguntadas sobre las declaraciones de Álvaro García, dicen que “se actuará conforma a derecho”, pero esas mismas fuentes van más allá, y apostillan que, “si el fiscal general del Estado quiere eso (el tipo menos agravado) lo tendrá que poner por escrito y, obviamente, se presentará en el escrito a la Sala II”.

Esta última declaración, aseveran las fuentes, quiere decir que, si García acaba por imponer su criterio, habrá un escrito en el que, el fiscal general del Estado diga blanco, y los cuatro del procés negro, algo nunca visto en la Fiscalía del Supremo.

La declaración de García abre una guerra que, conociendo a los cuatro del procés, no les es ajena, pues es añeja, viene de antaño. Ya tuvieron que defender su postura de acusar de rebelión y no sedición, lo que llevó a tener que convocar una junta de fiscales de Sala del Tribunal Supremo. De aquella batalla salieron vencedores. La pregunta que se suscita ahora es ¿Cómo acabará el asunto?

Es más, las mismas fuentes explican que una circular no es legal, puesto que debería haberse convocado una junta de fiscales de Sala. El propio García ha dicho este viernes en Valencia que “se hace por circular, y no una instrucción porque no había tiempo”, pero es algo que las fuentes consultadas tildan de “raro” ya que el contenido de la ley se conoce desde el 23 de diciembre.

Puigdemont

En el auto de pablo Llarena, el magistrado del tribunal Supremo aplica el tipo agravado de malversación, que conlleva penas de entre cuatro y ocho años de prisión, que se pueden elevar hasta los doce si el dinero malversado supera los 250.000 euros, así como penas de inhabilitación de entre 10 y 20 años.

Si Llarena gana la partida al independentismo que quieren que se aplique el nuevo artículo 433, Puigdemont puede verse con una condena similar a la de Junqueras, de doce años de cárcel para el expresidente por 13 de Junqueras, pero con mucha más inhabilitación, pues Oriol Junqueras tiene una pena de 13 años de inhabilitación, mientras que Puigdemont se podría ir hasta los 20. Entonces la pregunta que se suscita es ¿Por qué el fiscal general del Estado ha dicho que los fiscales del Supremo tendrán que hacer lo que diga la Fiscalía? ¿Se puede abrir una guerra en el Ministerio Público? Solo la circular, y las posibles imposiciones, lo dirán.