El futuro judicial del expresidente Carles Puigdemont ha variado sustancialmente desde que, este jueves, el magistrado instructor del procés, Pablo Llarena, emitiera un auto adecuando la nueva legislación, tras la eliminación del delito de sedición y la modificación del de malversación, a los políticos catalanes fugados. La pregunta que queda en el aire es cuál será el futuro judicial de Puigdemont. De momento, se abren cuatro escenarios: dos meramente judiciales y, otros dos, que influirán en la vuelta a España del expresidente catalán.

En cuanto al futuro judicial, el mismo depende de las decisiones que adopten los magistrados de la Sala II del Tribunal Supremo con respecto a qué tipo de malversación le aplican tanto a Puigdemont como al resto de condenados del procés, como por ejemplo Oriol Junqueras.

En el auto de Llarena, el magistrado aplica el tipo agravado de este delito, que conlleva penas de entre cuatro y ocho años de prisión, que se pueden elevar hasta los doce si el dinero malversado supera los 250.000 euros, así como penas de inhabilitación de entre 10 y 20 años. Si Llarena gana la partida, Puigdemont puede verse con una condena similar a la de Junqueras, de doce años de cárcel, pero con mucha más inhabilitación, pues Oriol Junqueras tiene una pena de 13 años de inhabilitación, mientras que Puigdemont se podría ir hasta los 20.

El motivo es que, los ya condenados tenían como delito más grave la sedición, y la malversación iba en concurso ideal, por lo que se aplicaba la inhabilitación del delito ‘principal’ que es menor que la malversación. Sin embargo, al eliminar la sedición del Código Penal, es la malversación el delito más grave.

Pero por el momento todo son elucubraciones, puesto que serán sus compañeros de la Sala II los que finalmente decidan si, pese a la modificación del delito de malversación, mantienen ese tipo agravado aplicando la parte del articulado que hace referencia a que, cuando el montante supere los 50.000 euros y “exista entorpecimiento o daño al servicio público”, se aplicará el tipo agravado o, por el contrario, y como pretende desde el independentismo, se condena con arreglo a la reforma y se impone el artículo 433 del CP.

Dicho artículo dice: “que la autoridad, que sin estar comprendido en los artículos anteriores diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinada”, se le aplicará una pena de 1 a 4 años de prisión e inhabilitación de 2 a 6 si hubiera entorpecimiento grave del servicio al que estuviere destinado ese dinero, y de 1 a 3 si no hay ese entorpecimiento.

Es decir, que en el plano estrictamente jurídico Puigdemont puede ser condenado a cuatro años de cárcel con inhabilitación de hasta seis años o, si se impone el criterio de Llarena, a hasta doce años de prisión y 20 de inhabilitación.

La inmunidad

Las otras dos vías que se abren son las referidas a la inmunidad como europarlamentario de la que actualmente goza el expresidente. El jueves, tras hacerse público el auto de Pablo Llarena, Carles Puigdemont comparecía asegurando que no volverá esposado a España. Su abogado, Gonzalo Boyé, explicaba en una entrevista a RAC 1 que su cliente volvería a España tras conocerse la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que debe emitir una sentencia sobre su inmunidad.

Si el TGUE da la razón a Puigdemont, el expresidente podría, con la ley en la mano, volver a España sin ser detenido. Si el tribunal europeo le retira el privilegio, podrá ser detenido en cualquier país al que viaje. Ese tema, el de la detención y la extradición está paralizado ahora mismo, ya que el magistrado instructor ha retirado la Orden Internacional de Detención (OID) al eliminarse el delito de sedición. El propio Llarena explicaba en su auto que emitirá una nueva orden cuando la Sala II se pronuncia sobre el tipo de malversación aplicable. De hecho, por el momento, solo hay orden de detención en vigor en España. Así, el futuro de Carles Puigdemont tiene muchas vías abiertas. Unas vías que deben clarificar los magistrados que pusieron la sentencia del Procés.