Llegó el día, el exjuez Salvador Alba entrará este viernes en prisión después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) desestimara el recurso interpuesto por el juez de suspender la condena de seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación debido a una supuesta enfermedad que padece por la cual le impediría ingresar en un centro penitenciario.
El pasado 10 de septiembre del 2019, el TSJC condenó al exjuez como autor de delitos de delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental, por manipular una instrucción penal para perjudicar a la también jueza Victoria Rosell mientras esta era diputada de Podemos. La sentencia, ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo, desembocó en su expulsión de la carrera judicial.
En un auto publicado este mismo jueves el TSJC daba a Alba un plazo de 24 horas para personarse de forma voluntaria en el centro penitenciario; 24 horas que culminan este viernes. En el mismo auto emitido por la sala de lo penal del mismo organismo, también se advertía que, en caso de no hacerlo, serán las fuerzas de seguridad las encargadas de trasladar al exjuez a prisión.
El caso de Alba y Rosell
El ahora exjuez, fue acusado -ahora condenado en firme- de dar instrucciones al empresario y Presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, con el objetivo de perjudicar a la entonces diputada de Podemos, Victoria Rosell. Alba fue el encargado de sustituir en funciones a Rosell al frente del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, e iniciar en 2015 un procedimiento en su contra.
En concreto, el procedimiento abierto contra Alba se motivaba por haber orientado la declaración de Ramírez en una causa penal que instruía la jueza Rosell, haciendo ver que la magistrada había retrasado su tramitación movida por intereses personales.
Esta acusación contra Rosell, se basa en unos hechos producidos en marzo del 2016 en el que el Tribunal Supremo tenía sobre la mesa una querella del entonces ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria (PP); contra Rosell por una supuesta mala conducta profesional, que fue admitida a trámite en base a un falso informe aportado por Alba. Hecho por el cuál la magistrada se vio obligada a renunciar a la Diputación Permanente del Congreso.
Las enfermedades del exjuez Alba
El día de plazo que se le da a Alba para su ingreso en prisión es el que restaba en febrero cuando la defensa solicitó aplazar la primera orden de ingreso, en el curso de diez días, la víspera de que se cumpliese el plazo. Aplazamiento motivado por una serie de supuestas dolencias que impedirían que el exjuez ingresase en un centro penitenciario.
A pesar de la oposición de acusado y defensa de que los supuestos problemas médicos no fueran investigados por los forenses de las Palmas achacando una falta de confianza en su imparcialidad, el Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife dictaminó que "No se aprecian enfermedades graves con padecimientos incurables que contraindiquen el ingreso del informado en un centro penitenciario".
Para la sala de lo penal del TSJC, los problemas de salud que dice padecer Alba pueden ser compatibles con el ingreso en prisión puesto que existe posibilidad de tratamiento y control. La sala concluye que su internamiento en un centro penitenciario para que cumpla su condena no responde a una medida "inhumana, desproporcionada o un riesgo para su vida".
La recusación del presidente del TSCJ: segundo intento fallido
Sin embargo, la ejecución de la sentencia contra el exjuez, condenado en firme desde el pasado noviembre, también ha estado detenida por otro recurso. Alba recusó a Juan Luis Lorenzo Bragado, presidente del TSCJ, para evitar que este decidiera sobre su sentencia.
El exjuez, aferrado a un clavo ardiendo, recusó a Bragado por unas declaraciones sobre su caso efectuadas en el Parlamento de Canarias en respuesta a un diputado de Podemos que le preguntó directamente en una comparecencia por la ejecución de su sentencia. Bragado declaró entonces que el caso del exjuez se estaba tramitando como cualquier otra solicitud, "con absoluta garantía y pulcritud" y que el diputado podría estar seguro que se le estaba dando cumplimiento estricto y puntual a todos y cada uno de los trámites legales".
No obstante, la sala de Recusaciones no observó en las declaraciones del presidente del TSJC ningún indicio que comprometiera su imparcialidad por lo que se rechazó apartarle del caso. Esta recusación se ha saldado con una multa de 3.000 euros a Alba por considerarla de “temeraria”.
