La España que se desprende de la Memoria de la Fiscalía

El inicio del curso político a comienzos de septiembre siempre va acompañado del nuevo curso judicial. Una cita que cuenta con la apertura del rey Felipe VI, acompañado de la presidenta del Consejo General del Poder (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, o la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, entre otros altos cargos del Poder Judicial nacional. En este sentido, en lo que concierne al Ministerio Público, cada año publica las memorias que dibujan un resumen de su percepción de cómo evoluciona el país y, en materia social, las conclusiones reflejan una radiografía de España con problemas de calado en clave de violencia, laborales o derechos. 

La Memoria de la Fiscalía viene a dibujar en sus más de 1.600 páginas distintas alertas de desigualdades en materia de violencia género, racismo, explotación laboral o déficits que sitúan en la diana a los conjuntos de población más vulnerables, señalando incluso de quiénes se tratan, dónde son más evidentes estos niveles o dónde son urgentes los recursos. 

La lacra de la violencia machista: España apunta 50 feminicidios 

En el apartado que refiere los distintos fiscales coordinadores de materias específicas, el capítulo arranca con la lacra de la violencia de género en este país, que ya apunta una cifra desgarradora: tan sólo en 2025, se registraron 50 feminicidios, una cifra que se mantiene en este año. Sin embargo, al compararse con los datos oficiales de 2023, cuando la cifra fue de 60, se observó una reducción del 16,67%, lo que da pie a una “tendencia descendiente” en aquel periodo. 

Para ser más exactos, la Fiscalía apunta a 50 feminicidios íntimos, seis feminicidios ampliados, 40 menores huérfanos y señala que el 22% de las asesinadas había denunciado previamente. Además, 14 de los 50 presuntos feminicidas tenían antecedentes por violencia machista sobre parejas anteriores. En el conjunto del registro, desde 2013 al presente, se registraron 699 feminicidios, de los cuales 173 mujeres llegaron a denunciar previamente, teniendo en cuenta que el año de mayores denuncias fue en 2022. La propia Fiscalía trata la violencia de género como un fenómeno de carácter estructural.

El Ministerio Público también incide en la realidad de los menores, debido a que casi la mitad de las mujeres con hijos que sufrieron violencia física, sexual, emocional o miedo por parte de su agresor afirmaron que estos lo presenciaron o lo escucharon. Cuando la violencia era exclusivamente física o sexual, el porcentaje alcanzaba el 56,2%.

A ello, se suma otro dato inquietante: las diligencias preliminares incoadas por violencia machista protagonizada por menores ascendieron a 1.023, un 15,2% más que un año antes, mientras los menores enjuiciados por violencia sobre la mujer aumentaron un 21,93%, hasta 417.

Bajo esta lacra, hasta el código postal influye. El mapa de la violencia de género no es homogéneo en todo el país, el año pasado, se incoaron más de 40.000 órdenes de protección y medidas de seguridad para víctimas, de las cuales fueron adoptadas en un 67%. Una media nacional que desvela que la mayoría se concedieron en La Rioja (83%) y tan solo el 45% en la Comunidad de Madrid.

Víctimas de trata 

Como segundo punto destacado de la Fiscalía, se calcula en 1.246 potenciales víctimas de trata de seres humanos en 2025, de las cuales 875 fueron identificadas, mientras otras 371 son víctimas en grave riesgo y no identificadas por los canales formales, un 57,9% más que en 2024. Esto es indicativo de que “el fenómeno criminal crece, en buena parte por la capacidad de los autores de abarcar a un número mayor de víctimas con más facilidad, utilizando las tecnologías de la comunicación”. 

Asimismo, la memoria da cuenta de 384 víctimas de explotación laboral, lo que se traduce en un incremento del 54,84%, con especial referencia a casos que afloran en actividades del sector primario, como agricultura o ganadería.

Otro de los aspectos de mayor delicadeza y gravedad en este punto se remite a las víctimas de trata sexual, identificadas hay 797 mujeres adultas, cuatro mujeres menores de edad, dos transexuales y un hombre. Con respecto a su perfil, entre el 70 y 80% son mujeres de origen latinoamericano. La institución afirma de manera expresa que el fenómeno exige “un abordaje de género”.

Auge de delitos de odio: del racismo a la LGTBIfobia

Con especial calado político y social, la Fiscalía también introduce un gran apartado dedicado a los distintos delitos de odio que fueron objeto de análisis durante el año pasado. Las investigaciones fiscales abiertas sobre esta materia crecieron en un 15%, mientras que las presentadas por el propio Ministerio Fiscal un 19%, y los escritos de acusación se situaron en los 317, un 8,2% más. 

El racismo se postula como la primera motivación discriminatoria y de odio en las denuncias recopiladas en Fiscalía, que comprenden 46 casos; le sigue en segundo lugar la xenofobia con 33 y, en tercero, por razones de orientación sexual, con 28. Sobre escritos de acusación, el patrón continúa en la misma senda: 85 corresponden a racismo, 72 a orientación sexual y 60 a xenofobia. La Fiscalía destaca además el crecimiento del antisemitismo, que triplica sus registros respecto al ejercicio anterior.

Una evolución judicial que viene a confirmar un incremento de actividad en esta materia, debido a que se tuvo conocimiento en todo 2025 de 221 sentencias por odio y discriminación, representando un 28% más que las 173 registradas en el ejercicio previo. 

De manera secundaria, las cuestiones sobre internet y redes sociales o el deporte aparecen como escenarios de estas conductas. Una de las vías resolutivas sobre este aspecto pasa por el fenómeno de la infradenuncia, a colación de un informe de la Comisión Europea sobre racismo e intolerancia por el que se reclama reforzar los mecanismos para denunciar, mejorar la reacción social y de las instituciones frente a los discursos de odio en redes sociales y garantizar investigaciones de incidentes racistas en el mundo deportivo.

Infracciones de menores: más casos y menor edad entre los que delinquen 

Volviendo a la cuestión de los menores, la jurisdicción ha notado un incremento notable por haber practicado un 10,64% más de diligencias preliminares, hasta 74.538, creciendo a su vez los expedientes hasta un 5,43%. 

Más llamativo resulta el número de asuntos archivados porque los presuntos autores todavía no habían cumplido los 14 años y, por tanto, no podían responder penalmente: 7.749 frente a 4.448 un año antes; es decir, un incremento del 74,21%. La Fiscalía advierte de posibles distorsiones estadísticas, pero recoge al mismo tiempo la impresión de sus especialistas de que está descendiendo progresivamente la edad de comisión de determinadas infracciones.

En los casos de violencia contra padres, madres o hermanos, que apuntan 4.038 causas, las fiscalías vuelven a señalar otro elemento: los recursos disponibles no son los mismos en todo el país. Algunas provincias denuncian que carecen incluso de programas que consideran eficaces para trabajar simultáneamente con los menores y sus familias.

Siniestralidad laboral

La Fiscalía, antes de desgranar sus conclusiones sobre esta materia, reitera que los “accidentes mortales” se consideran los fallecimientos derivados de accidentes en el puesto laboral en el plazo de un año desde la fecha del accidente con dependencia de la gravedad inicial. 

Las cifras no dejan lugar a dudas de que es una cuestión que no se debe eludir: los accidentes mortales en 2025 fueron 534 trabajadores que perdieron la vida en sus respectivos puestos laborales, mientras que las lesiones graves fueron 3.048 y las leves 499.869. Comprendiendo así un cómputo de 503.451 accidentes durante la jornada de trabajo de trabajadores asalariados. 

Aunque son datos provisionales, según precisa la Fiscalía, aunque señala que históricamente suelen experimentar pocas modificaciones posteriores. La Fiscalía muestra un gráfico de los últimos cinco años, probando que en 2021 se anotó el dato más bajo con 465.376 accidentes y en 2022 el mayor, con 519.376.

“Resulta baladí intentar proyectar una explicación, con unos mínimos tintes de verosimilitud y coherencia, sobre este continuo baile de cifras. No es aceptable ni serio defender que un año hay un mejor cumplimiento de las normas preventivo-laborales y otro año no. No es controvertible, porque los datos son suficientemente elocuentes, certificar que el descenso de la accidentalidad laboral se ha estancado desde hace años, lo cual no sólo sugiere, sino que necesariamente demanda, actuaciones ágiles y contundentes para luchar contra esta insufrible e inquietante enfermedad que azota a la sociedad día a día. Se antoja necesaria una revisión de la legislación preventivo-laboral adaptada a la realidad empresarial de nuestro país. (...) Tampoco hay que olvidar los nuevos riesgos emergentes, con especial mención a los riesgos psicosociales y la exposición a productos cancerígenos”, refiere el Ministerio Fiscal. 

El doble de casos para Derechos Humanos y Memoria Democrática

La Memoria prosigue reservando otro espacio de calado para los casos de Derechos Humanos y Memoria Democrática, que se han visto incrementados por doble. Se abrieron un total de 377 expedientes, un 91,37% más que en 2024; tan sólo de Memoria Democrática fueron un 138,55% más, hasta 198; mientras que los asuntos de derechos humanos pasaron de 40 a 96.

En este apartado, defiende que el reconocimiento legal para estas víctimas viene intrínseco con una obligación de los organismos públicos de brindar una investigación efectiva, ligada a la verdad, la justicia y la reparación. Prueba de ello, mayo de 2025, cuando se abrieron diligencias para indagar en la detención, deportación y muerte de miles de españoles exiliados que murieron en campos de concentración nazis como Mauthausen y Gusen, también para determinar el papel que tuvo la Dictadura Franquista en este episodio histórico.