La derogación de la Ley de Memoria Democrática en Baleares, una de las iniciativas clave del mandato del Partido Popular y Vox en las islas, ha terminado frenándose. El Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido cautelarmente las intenciones del Gobierno de Marga Prohens admitiendo a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central de Pedro Sánchez, afectando así a la vigencia y materialización de la normativa.
Debido a su característica cautelar y, por ende, provisional, la medida quedará sin efecto, recayendo así toda responsabilidad sobre el Constitucional, en cuyo siguiente paso deberá pronunciarse sobre el fondo del recurso y si la derogación entra dentro o no de los márgenes de la Constitución española.
El recurso de anticonstitucionalidad de Moncloa se cierne sobre el artículo 161.2 de la Carta Magna, por el cual se da vía libre a paralizar de forma automática una disposición autonómica cuando el Gobierno así lo tramita por el Constitucional. Los efectos de esta decisión judicial se llevarán a cabo este jueves 9 de julio para las partes del procedimiento y cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Fue el pasado mes de marzo de este año cuando la coalición de PP y Vox en Baleares impulsaron la derogación de la ley autonómica y que vino precedido de encauzar el acuerdo presupuestario para 2025, pese a ser una normativa que busca investigar los crímenes de la dictadura franquista y el reconocimiento de las víctimas de aquella época. La Cámara balear aprobó la decisión con los votos a favor de las dos derechas y en contra del PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y GxF, tumbando así una normativa que se aprobó bajo el mandato ejecutivo de Francina Armengol.
En aquel momento, Vox, en voz de su diputado balear Sergio Rodríguez, celebró la derogación al considerar que se trataba de una ley “injusta” al partir, según defendió, de “una premisa falsa, de que la Guerra Civil fue una guerra de buenos contra malos”. Desde el PP, también en voz de su diputada Cristina Gil, defendieron que la normativa “no une, sino que separa y enfrenta”: “La memoria es individual y ninguna ley, salvo en las dictaduras más abyectas, se puede imponer”, argumentó.
Bondades de la ley de memoria democrática balear
Su puesta en marcha en 2016 en el contexto estatal dio cabida a un marco de protección institucional con el que investigar los crímenes del franquismo, así como el reconocimiento público de los represaliados tras el Golpe de Estado que dinamitó la Guerra Civil en 1936. Tras la derogación en Baleares, el Gobierno central se ciñó a la vulneración de los artículos 15 y 10.1 de la Carta Magna, los cuales se refieren a la supresión del estatuto jurídico de víctimas de violaciones de Derechos Humanos, además de complicar el cumplimiento de la legislación estatal.
Cuando se consumó la derogación, esta decisión no solo conllevó el rechazo de la oposición al Gobierno de Prohens, sino que también sumó el de asociaciones por la memoria y familiares de víctimas de la dictadura en las islas. Un texto por el que PP y Vox se congratularon de tumbar un texto que incluía el rechazo a “cualquier totalitarismo y régimen antidemocrático”.
A efectos prácticos desde que entró en vigencia, la ley de memoria democrática balear permitió reconocer a personas represaliadas, así como organizaciones sociales, culturales, políticas, sindicatos o movimientos feministas y del colectivo LGTBI. A su vez, gracias a ella, se declaró la nulidad de pleno derecho de sentencias y resoluciones con influencia política durante la dictadura en causas penales, administrativas y civiles.
Con este escenario actual de por medio, cabe matizar que la suspensión cautelar del Constitucional es el primer paso para continuar con el estudio del recurso presentado por el Ejecutivo central.
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