PP y Vox sellan el acuerdo para tumbar la ley de memoria democrática de Baleares

Este martes se inició el primer paso para derogar la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos. La unión de votos del Partido Popular y Vox suponen la mayoría suficiente para sacar adelante la iniciativa, esto se traslada a un cambio de rumbo en la política de memoria histórica en las islas y culmina meses de negociación entre ambos socios parlamentarios.

Esta es la segunda vez que Vox plantea acabar con la ley en la región y gracias al apoyo del PP está cerca de conseguirlo. La derogación de esta ley abre la puerta a la aplicación de una futura “ley de concordia”, marca clave de la ultraderecha. El texto argumenta que la actual legislación “impone una visión sesgada de la historia” y “discrimina a unas víctimas frente a otras”, defendiendo que la nueva norma buscará “reconciliar a los españoles en torno a un relato común”.

Del pacto previo a la ruptura política

El movimiento supone un retroceso respecto al acuerdo alcanzado en diciembre de 2024, cuando el PP consiguió pactar con los partidos de izquierda mantener la ley. La decisión de impulsar ahora su derogación evidencia el reforzamiento de la relación del Partido Popular con el lado más conservador de Vox y reabre un debate que se creía cerrado en el ámbito autonómico.

Desde el Govern, los populares insisten en que la nueva propuesta “no pretende borrar la memoria de nadie”, sino “garantizar el respeto a todas las víctimas, sin sesgos ideológicos”. Vox, por su parte, celebra que el pacto “cumple uno de los compromisos electorales centrales” de su programa y “restaura la neutralidad institucional” en torno a la memoria histórica.

Con todo esto se está repitiendo un patrón visto previamente en la Comunitat Valenciana, Extremadura y Aragón, donde las leyes de memoria han sido sustituidas por “leyes de concordia”. Estas nuevas normas, justificadas como instrumentos de “reconciliación”, consisten en una forma de equiparar el franquismo con la democracia acompañado del blanqueamiento de la dictadura. Esto ha incitado al Gobierno central a recurrir ante el Tribunal Constitucional la aplicación de estos textos.

Las críticas de la oposición

Durante el debate, los grupos de izquierda reprocharon al PP haber “cedido una vez más ante Vox” para conservar el poder. El socialista Omar Lamin acusó a los conservadores de “ponerse del lado de los verdugos” y de situar a Baleares “fuera de los consensos europeos y de las recomendaciones de Naciones Unidas”.

“La ley de memoria es una herramienta viva y necesaria para garantizar la no repetición de los hechos más vergonzosos de nuestra historia”, defendía Lamin. “Un pueblo que recuerda es un pueblo que aprende, y uno que olvida está condenado a repetir los errores del pasado”, añadió, dirigiéndose a Marga Prohens: “La historia no perdona la traición, y la memoria de las víctimas tampoco”.

La diputada de Més per Mallorca, María Ramon, lamentó que “Vox dicte sus condiciones y el PP obedezca”. “Esto es sumisión ideológica ante la extrema derecha. Es dejar que quienes justifican la dictadura determinen el relato”, denunció. En la misma línea, Joana Gomila, de Més per Menorca, acusó a los populares de “dar la espalda a miles de víctimas y a sus familias” por “complacer a Vox”.

José María García, diputado de Podemos, se presentó con una camiseta que tenía la imagen de Aurora Picornell, sindicalista asesinada por el franquismo en 1937, acompañado a esto comentó indignado: “Que hoy tengamos que debatir esta derogación demuestra la talla moral de quienes la presentan”.

Incluso el diputado Llorenç Córdoba, habitualmente alineado con el Govern, criticó al PP por “convertir la memoria en moneda de cambio” cuestionado: “¿De verdad creen que derogando esta ley mejorarán la vida de alguien? El Parlament debería ser un lugar de reparación y dignidad”.

Las implicaciones de la Ley de Memoria

La Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos, aprobada en 2018 bajo el Govern de Francina Armengol, permitió investigar las violaciones de derechos durante la Guerra Civil y el franquismo, crear un censo de víctimas y anular judicialmente las sentencias dictadas por motivos políticos en Baleares. También impulsó la Oficina de Atención Directa a las Víctimas, los Espacios e Itinerarios de la Memoria, y estableció el 29 de octubre como día de recuerdo a la lucha por la libertad.

Gracias a esta normativa se han retirado símbolos franquistas y declarado la nulidad de resoluciones represivas, situando a Baleares como una comunidad pionera en políticas de memoria.

El PP se defiende y promete mantener la Ley de Fosas

Desde el PP, la diputada Cristina Gil defendió que “la aplicación de la ley ha sido nefasta” y que su derogación “evitará una visión sesgada de la historia”. “Creemos en una memoria que dignifique a todas las víctimas y promueva la convivencia, evitando la confrontación partidista”, afirmó en nombre de su partido.

La eliminación de la ley de memoria forma parte del acuerdo de 110 medidas que PP y Vox firmaron al inicio de legislatura. En diciembre de 2024, los populares habían prometido no suprimirla, pero la necesidad de aprobar los presupuestos de 2025 los llevó finalmente a ceder.

Aun así, el PP se ha comprometido a mantener la Ley de Fosas, aprobada en 2016 por unanimidad, que ha permitido recuperar los restos de más de 280 víctimas del franquismo, de las cuales más de 50 han sido identificadas. Se estima que 1.700 personas continúan desaparecidas en el archipiélago.