La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha comenzado su discurso de la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo hablando de Ceuta, así como de la posterior crisis humanitaria que se ha producido haciendo un llamamiento a la serenidad, responsabilidad y con cercanía a las personas migrantes en condiciones de especial vulnerabilidad que han llegado a nuestras fronteras".

Peramato ha afirmado que quiere trasladar un mensaje de reconocimiento y solidaridad a la ciudadanía de Ceuta que, según sus palabras, "ha afrontado y continúa haciendo frente a situaciones especialmente complejas con serenidad, responsabilidad y con cercanía a las personas migrantes en condiciones de especial vulnerabilidad que han llegado a nuestras fronteras. Por ello quiero recordar la necesidad de preservar el principio de legalidad y la necesidad del retorno a una situación de plena seguridad y normalidad, lo que no está en absoluto reñido con los valores de humanidad y respeto a la dignidad de todas las personas".

La máxima autoridad de la Fiscalía ha querido destacar también la labor de los fiscales de Ceuta, "cuya dedicación y compromiso resultan esenciales para garantizar la defensa de la legalidad y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas afectadas y, muy particularmente, de los niños, niñas y adolescentes, especialmente vulnerables en contextos como el actual. La protección integral de la infancia constituye una de las responsabilidades más sensibles y exigentes del Ministerio Fiscal, y he podido comprobar personalmente, durante mi visita a Ceuta el pasado 27 de agosto, el extraordinario esfuerzo, sensibilidad y profesionalidad con que los fiscales desempeñan esta tarea".

Reforzar Ceuta

A raíz de lo que está sucediendo en Ceuta, Peramato ha dicho que, con la finalidad de reforzar la capacidad de respuesta de la Fiscalía de Ceuta en el ejercicio de estas funciones, ha decidido el destacamento temporal de tres fiscales de la península a la Ciudad Autónoma, medida que se hará efectiva en fechas próximas.

"La situación vivida en Ceuta no ha sido, sin embargo, el único desafío que ha puesto a prueba durante este año la capacidad de respuesta de nuestras instituciones y la solidaridad de la ciudadanía", ha proseguido diciendo para hacer referencia a los incendios forestales.

Incendios forestales

El otro punto que ha querido destacar antes de hablar de los datos de la memoria han sido los incendios forestales: "Los incendios forestales que han afectado a distintas zonas de nuestro país durante los últimos meses han dejado una profunda huella humana y medioambiental".

Sobre este aspecto ha dicho: "Quiero expresar mi solidaridad con las víctimas y mi reconocimiento a los profesionales y personas voluntarias que han participado en las labores de prevención y extinción, así como el trabajo de la Unidad de la FGE Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo y de los fiscales delegados de la especialidad, por su contribución a la protección de nuestro patrimonio natural y a la persecución de las conductas que lo ponen en peligro".

Lucha contra la corrupción

A juicio de la fiscal general, especial relevancia reviste la actuación del Ministerio Fiscal en la lucha contra la corrupción, "fenómeno que erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones, distorsiona el correcto funcionamiento de los poderes públicos y compromete los principios de integridad y servicio al interés general que deben presidir toda actuación pública".

Asegura que la investigación y persecución de estas conductas exige del Ministerio Fiscal el máximo rigor, independencia y determinación, particularmente cuando afectan a autoridades o funcionarios que se prevalen de las responsabilidades inherentes a su cargo. Por ello, "la lucha contra la corrupción constituye una de las prioridades estratégicas de la Fiscalía española".

Respecto del tráfico de drogas, asegura que "la respuesta institucional no puede limitarse a la incautación de sustancias estupefacientes. Resulta imprescindible impulsar investigaciones patrimoniales y financieras que permitan identificar las estructuras económicas de las organizaciones criminales y privarlas de los beneficios obtenidos mediante su actividad ilícita, atacando así la base misma de su poder y capacidad de expansión".

Violencia de género

Especial referencia ha hecho sobre la violencia de género. Hay que recordar que Peramato era la fiscal de Sala de esta materia antes de ser nombrada fiscal general. Teresa Peramato ha sido contundente en su discurso, un claro 'rejón' al discurso negacionista de Vox: "La Unidad de Violencia sobre la Mujer pone de relieve unos datos sencillamente intolerables, incompatibles con el nivel de progreso democrático y de compromiso con los derechos fundamentales que nuestra sociedad proclama. 50 mujeres fueron víctimas de feminicidios a manos de sus parejas o exparejas durante el año 2025, las mismas que en el año anterior. De las 50 mujeres víctimas de feminicidio registradas en 2025, únicamente 11 habían presentado denuncia previa, lo que representa apenas el 22 % de los casos".

"Asimismo, 14 de los presuntos autores, un 28% del total, contaban con antecedentes de violencia de género respecto de otras parejas o exparejas, dato que confirma la preocupante presencia de los denominados agresores persistentes. A ello se suman 6 feminicidios ampliados y una consecuencia particularmente devastadora: 40 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos como resultado de esta violencia", ha proseguido diciendo.

Para finalizar este tema, la fiscal general ha dicho: "Estos datos reflejan una realidad insoportable que interpela a toda la sociedad y frente a la que el Ministerio Fiscal mantiene un firme compromiso. Resulta imprescindible seguir reforzando todos los mecanismos de prevención, detección, protección y asistencia a las víctimas, creando las condiciones necesarias para que puedan denunciar con seguridad, confianza y la certeza de que encontrarán una respuesta institucional eficaz que les permita romper el ciclo de la violencia y recuperar su libertad".

Instrucción del fiscal

Teresa Peramato ha hecho un alegato a favor de que sean los fiscales los que dirijan las instrucciones judiciales. Así ha dicho: "La atribución de la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal no constituye una reivindicación corporativa. Se trata, ante todo, de una exigencia de racionalidad institucional orientada a reforzar las garantías del proceso penal y, en definitiva, a fortalecer la calidad de nuestro Estado de Derecho".

Asegura que la experiencia comparada demuestra que "los sistemas más avanzados de nuestro entorno jurídico atribuyen al Ministerio Público un papel protagonista en la investigación de los delitos, bajo el control y garantía de un juez imparcial encargado de velar por los derechos fundamentales".

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