Con los informes desclasificados de la crisis de Ceuta sobre la mesa, el tablero político se ha fraccionado aún más entre los argumentos de Moncloa y las reacciones de la oposición de derechas. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó a la inteligencia marroquí de convocatorias en redes sociales para la entrada masiva de migrantes, al igual que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) y otras notificaciones del Ejército y la Guardia Civil.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez facilitó este miércoles públicamente todos los informes, alertas y comunicaciones emitidos en todo el mes de julio sobre los flujos migratorios en Ceuta y Melilla, especialmente en la primera ciudad autónoma, en aras de poder “reconstruir la secuencia de información disponible antes y durante la crisis, conocer las valoraciones realizadas por cada organismo y comprobar a quiénes se trasladaron y en qué momento”. 

Las comunicaciones más sustanciales de aquellas jornadas y facilitadas por Moncloa han dejado probado que el CNI notificó a la Delegación del Gobierno en Ceuta una “alerta temprana” de inmigración irregular por “posibles intentos de entrada a Ceuta durante la semana de la Fiesta del Toro” a través de grupos de mensajería y publicaciones en WhatsApp y Facebook donde se movilizaba un “llamamiento” para hacer un “asalto por valla y mar”. 

El CNI no avisó de "la magnitud ni la naturaleza" de la emergencia

Bajo este telón de fondo, las reacciones desde el Gobierno y su oposición han sentado bases para ahondar en el debate del escenario político. Tras desclasificarse los informes, fuentes de La Moncloa han incidido en que el CNI “nunca alertó de una llegada masiva”, sino que “informó de que estaba circulando una convocatoria en dos grupos de Facebook para entrar en la ciudad”. 

De esta manera, argumentaron este miércoles que los servicios de inteligencia “no emitieron ninguna alerta formal y se limitaron a trasladar esa información por mensaje y breve llamada telefónica al Gabinete de la Delegación del Gobierno de Ceuta y a la UCE-3 de la Guardia Civil”: “En ningún momento el CNI envió un aviso o alerta formal a su cadena de mando ni a miembro alguno del Ejecutivo por ninguna vía. Un organismo que cree que al día siguiente va a producirse una entrada masiva no se limita a mandar un WhatsApp ambiguo a un cargo menor: lo eleva. Esa es su responsabilidad y su competencia”, precisaron estas fuentes.

Sumado a este análisis, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, aseguró que ni la Comisión Europea ni Frontex tuvieron “indicio” en los días previos de lo que sucedería en Ceuta. “Me han dicho que en absoluto, que no vieron nada y que no tuvieron ningún indicio. Y digo porque eso también es una opinión, digamos, de alguien que monitorea incluso con satélites”, ha señalado en rueda de prensa posterior a su reunión con los comisarios de Interior y Migración, Magnus Brunner; la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas; e incluso con parte del equipo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex. Asimismo, precisó que no le constó “ningún informe que pudiera prever la magnitud” de la crisis. 

Fuentes del CNI, posteriormente a los argumentos vertidos por el Gobierno, precisaron que la desclasificación probó que sus servicios de inteligencia emitieron información “sobre una campaña en redes sociales que llamaba al asalto a la valla de Ceuta, si bien no anticipó la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo el día 30, al ser un fenómeno inusual que no se corresponde con las crisis migratorias conocidas hasta la fecha”, al tiempo que incidieron en que no realizaron “ninguna valoración o comentario” sobre los informes publicados este martes, desmintiendo “cualquier atribución”. 

Génova habla de “mentira de Estado”

Bajo este análisis político también se incluye el prisma de la oposición, en la que voces del Partido Popular, como fue la portavoz en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, que consideró las informaciones desclasificadas como “una mentira de Estado” por parte del Gobierno de Sánchez por haber hecho, a su juicio, “una dejación de funciones manifiesta y dolosa” al constatar “avisos” por parte de organismos de seguridad e inteligencia. “Es evidente que el Gobierno hizo una dejación de funciones manifiesta y dolosa. Tenían la información. Son responsables directos de la invasión en Ceuta. Y, por supuesto, de los fallecidos. (...) ¿Para quién trabaja y a quién protege?”, denunció en rueda de prensa desde la Cámara Baja. 

Otra de las reacciones de calado de parte de los populares vino de la mano crítica de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien realizó una lectura de condena hacia Moncloa: “CNI y Policía Nacional avisaron de la invasión y Sánchez no hizo nada. Con la comprensión lectora al nivel de la LOMLOE, desclasifica documentos que le inculpan. Sí es un ‘perro con dueño’. ¡Dimisión!”, clamó en sus redes sociales. 

También desde Vox, su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, tachó al Gobierno por haber difundido una “mentira criminal” y deslizando que el presidente deberá ser juzgado por “traición” a la nación, instando así a que todos los actores implicados asuman “responsabilidad penal por saber lo que iba a ocurrir sin haber hecho absolutamente nada para evitarlo”. 

Cronología de los informes

Entre los detalles más novedosos que se desvelaron de los informes desclasificados, además de las notificaciones del CNI sobre los movimientos en redes sociales, otra comunicación del Ejército de Tierra notificó con carácter inmediato una “concentración de personas en la frontera y refuerzo en unidades fronterizas” con la siguiente valoración: “Se valora como muy probable que durante el día 30 de julio de 2026 se intente una entrada masiva de migración irregular, aprovechando la festividad del día del Trono en Marruecos”.

El mismo día 30 de julio, la Guardia Civil elaboró un informe sobre la presión migratoria en Ceuta, actualizado a las 18:15 horas de la tarde, en el que alertaba de que “por parte de las autoridades marroquíes se detecta pasividad y están permitiendo la llegada de candidatos hacia la zona fronteriza. Hasta el día de ayer -el 29 de julio- sí que se detectaba proactividad y colaboración adecuada”. Las conclusiones de la Benemérita dejaron constancia de que los hechos revistieron de “extrema gravedad”, que la situación podía desembocar en “una crisis humanitaria por falta de recursos para atención a los migrantes”, que no podían precisar cifras exactas, que precisaban ayuda de las Fuerzas Armadas y que las medidas propuestas hasta la fecha -como el refuerzo del servicio marítimo, personal piloto de drones o detección anticipada- “son únicamente paliativas y no eliminan el problema de raíz”.

En otro informe del CENIF, del día 30, en sus conclusiones refieren el papel de Marruecos en estos primeros momentos de la crisis. La primera reacción oficial fue de la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyalch, quien manifestó: “No es algo que nos complazca”, instando a los ciudadanos a regresar a su país. Asimismo, después del cierre de la frontera, se observaron “movimientos de tropas y efectivos policiales marroquíes en torno a las 00:30 horas del día 31 desde Tetuán hacia el entorno de Ceuta; pese a esa presencia, el flujo de inmigrantes a través del espigón no se ha detenido”. En una segunda nota informativa del CENIF remitida a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, se advirtió de informaciones a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería sobre “riesgo extremo de colapso” por la entrada masiva de migrantes “con carácter inmediato”.

Por su parte, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) valoró como “muy probable” que Marruecos no favoreciera “activamente” la entrada masiva de migrantes, pero sí que hubieran “actuado de forma negligente y pasiva”, sin descartar que Rabat tratara de “explotar” la situación, calificando así el escenario de “caos migratorio”, situando el inicio de la crisis días antes del aluvión humano, el 25 de julio. 

Argumentos dispares entre Marlaska y Robles

Desde que empezaron a desgranarse las explicaciones desde distintas voces de Moncloa, el argumento unitario ha pasado por defender que “ningún informe previo” advirtió la magnitud de los hechos acontecidos el 30 de julio, siendo esta la tesis defendida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. 

Una postura que no concuerda con la defendida por la ministra de Defensa, Margarita Robles, que mostró sus reticencias al respecto y defendió que el CNI y la inteligencia militar sí que aportaron información los días previos a la entrada masiva. 

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