Un empresario español irá a juicio por el presunto espionaje a Assange en la embajada de Ecuador

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decidido enviar a juicio al gerente y administrador de la empresa española UC Global, David Morales, acusado de haber espiado al fundador de Wikileaks, Julian Assange, mientras este permanecía asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. La Fiscalía solicita para Morales una pena de 13 años y 6 meses de prisión por estos hechos.

En el auto de apertura de juicio oral, el magistrado acuerda sentar en el banquillo tanto a Morales como al responsable de operaciones de UC Global, Michel Wallemacq, por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho, tenencia ilícita de armas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

La Fiscalía también ha solicitado que Julian Assange, el expresidente de Ecuador Rafael Correa y el exjuez Baltasar Garzón comparezcan como testigos durante el juicio.
Asimismo, pide la declaración de los exministros ecuatorianos Ricardo Patiño, Guillaume Long y María Fernanda Espinosa, además de la actriz Pamela Anderson, quien fue pareja del fundador de Wikileaks, según consta en el escrito de acusación.

Pedraz fija una responsabilidad civil de 30.000 euros para cubrir "los perjuicios ocasionados", advirtiendo a los acusados de que, si no los afianzan en los próximo diez días, "se procederá al embargo de sus bienes en cuantía suficiente". Y les da el mismo plazo para que presenten sus escritos de defensa.

Grabaciones de reuniones y para “los amigos de EEUU”

En el auto previo en el que proponía llevarlos a juicio, el juez Santiago Pedraz ha recordado que entre 2015 y 2018 la Embajada de Ecuador en Londres confió su seguridad a la empresa española UC Global, con sede en Puerto Real y oficinas en Jerez de la Frontera (Cádiz).

El magistrado ha destacado que la compañía, dirigida por David Morales como gerente y “máxima autoridad”, fue contratada por el Gobierno ecuatoriano ante la “sensible situación” derivada del asilo concedido a Julian Assange, reclamado por Estados Unidos por difundir miles de documentos confidenciales a través de Wikileaks.

El juez detallaba que los servicios prestados consistieron en "garantizar todo el perímetro de seguridad del inmueble, estableciendo personal físico que se desplazó a las dependencias para cumplir con turnos de vigilancia diaria y permanente", así como la vigilancia a través de las cámaras instaladas en la legación.

Según el juez, los servicios de UC Global incluían garantizar la seguridad del edificio, con personal presente las 24 horas y un sistema de vigilancia por cámaras. Sin embargo, en 2017, Morales ordenó la instalación de nuevas cámaras que, a diferencia de las anteriores, grababan también el sonido de las conversaciones privadas que mantenía Assange con sus abogados, familiares y figuras políticas como Baltasar Garzón, Pablo Iglesias, Evo Morales, Rafael Correa, Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Rousseff y José Mujica.

Pedraz ha señalado además que Morales pidió a los técnicos crear un sistema de acceso remoto (‘streaming’) que permitiera controlar en tiempo real todo lo que ocurría dentro de la embajada. Su intención, según el auto, era abrir dos canales de transmisión, uno “oficial” para Ecuador y otro destinado a “los amigos de Estados Unidos”.

El juez instructor considera acreditado en la investigación que Morales "efectuó pagos periódicos y de cuantía elevada a funcionarios ecuatorianos", canalizados a través de intermediarios y estructuras opacas, con el fin de asegurarse la continuidad de la adjudicación de los servicios de seguridad en la legación diplomática.