La ministra de Sanidad, Mónica García, ha presentado los datos y conclusiones del informe sobre la evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España (SNS) en aras de la defensa de la sanidad pública. La lideresa de Más Madrid ha esgrimido que se debe acabar con la dependencia que la sanidad pública padece respecto de la sanidad privada. El informe ha emulado el aumento de los hospitales privados integrados en el Sistema Nacional de Salud en un 36,8% en la última década, lo que significa que uno de cada tres hospitales tiene dependencia funcional privada. Por ende, el gasto total en dichos centros privados se incrementó un 84,6% entre 2011 y 2023, alcanzando los 4,8 millones de euros y constituyendo la subida más destacada del sistema hospitalario en este periodo.

Ploriferación de la privatización sanitaria 

El estudio sostiene que la colaboración con entidades privadas ha pasado de ser un recurso excepcional para convertirse en una práctica estructural, lo que implica desviar una parte creciente del presupuesto público a empresas cuya lógica responde al beneficio, no al interés general. Además, entre el 70-80 % de los contactos que se registraron de los diagnósticos más prevalentes, como los traumatismos, las infecciones agudas del tracto respiratorio superior o el seguimiento de quimioterapia o inmunoterapia se atendieron en hospitales del Sistema Nacional de Salud.

Según el informe, en 2023, el 34,6 % de las estancias hospitalarias y el 17,6 % de las altas registradas en centros de gestión privada no pertenecientes al Sistema Nacional de Salud fueron financiadas con fondos públicos. Asimismo, señala que alrededor del 21 % de las intervenciones de cirugía mayor ambulatoria y de las sesiones de hospitalización de día realizadas en estos centros recibieron financiación pública. En Comunidades Autónomas como Extremadura (+296,4 %), Ceuta (270,8 %), Cantabria (247,8 %) o la Comunidad Valenciana (234,8 %) el aseguramiento privado ha incrementado notablemente.

El informe ha identificado riesgos estructurales como la fragmentación de la red asistencial, las brechas salariales y condiciones laborales del personal, la pérdida de capacidad pública de planificación, de sobrecoste y escasa trazabilidad de la facturación, y de atención selectiva por parte del sector privado con casos menos complejos.  

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En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Sanidad recomendó el reforzamiento de los mecanismos de auditoría y control de la actividad privada financiada con recursos públicos, la publicación sistemática de indicadores clínicos de los centros concertados y promover la gestión pública directa como la opción preferente de prestación de servicios sanitarios para unos mejores resultados en salud y un control óptimo de los recursos públicos.

Torrejón de Ardoz, en el horizonte

En el sector privado consideran que García ha aprovechado la coyuntura política, marcada por la huelga médica y el escándalo de los audios del CEO de Ribera Salud publicados por El País, para intentar dar otra estocada a la sanidad privada. Los audios en los que el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, donde propone "desandar" las mejoras conseguidas en listas de espera en el Hospital de Torrejón de Ardoz, cuya gestión fue cedida por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a este grupo, han generado un notable enfado en gran parte del sector, ya que contribuye a estigmatizar a la sanidad privada.

El CEO de HM Hospitales, según ha declarado a El Confidencial, ha respondido que si por esta cuestión el Ministerio de Sanidad, que no llega a financiar los medicamentos innovadores ni la alta tecnología sanitaria, empieza a destinar dinero para construir infraestructuras sanitarias para no depender de la privada el resultado va a ser el contrario del buscado: mayor incremento de los seguros de salud privado ante la inferencia existente en la pública. Del mismo modo, Juan Abarca ha pedido que la misma auditoría que se propone para los centros concertados se lleve a cabo en los hospitales con gestión total pública.

En otro orden, los presidentes de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Madrid, Juan Manuel Moreno Bonilla y Ayuso, han aprovechado la casuística de la huelga general para barrer responsabilidades hacia el Gobierno central y ambos despejan una crisis que ha carcomido su gestión regional. 

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