Mónica García ultima una ley para poner coto al modelo privatizador de Ayuso y del PP

La ministra de Sanidad y líder de la oposición en la Comunidad de Madrid, Mónica García, ha dado una entrevista en El País a colación del último escándalo de la Sanidad madrileña con Ribera Salud, después de que el consejero delegado de esta empresa privada, que se encarga de gestionar el hospital de Torrejón, fuera el protagonista de unos audios en los que proponía inflar las listas de espera para maximizar el beneficio económico a costa de los pacientes.Entre otras cosas, García ha pedido a Ayuso plena responsabilidad de lo ocurrido y ha asegurado que está entre sus planes prohibir legalmente el modelo de colaboración público-privada en la Sanidad.

García lleva años denunciando este tipo de modelos concesionarios, en los que empresas privadas se hacen cargo de centros de titularidad pública y anteponen su beneficio económico al bienestar del paciente. El de Ribera Salud ha sido el ejemplo más reciente y uno de los más claros al respecto, a pesar de que tanto el responsable empresarial como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, justifican que el contenido de los audios filtrados está manipulado y que no se muestran las conversaciones completas, tal y como se expresó la dirigente madrileña en el patio del Congreso de los Diputados en el acto por el Día de la Constitución.

"El audio de Gallart es la manifestación obscena de lo que llevamos denunciando desde hace muchos años. Es un complejo sistema por el cual los pacientes de la sanidad pública acaban en hospitales privados pagados aparte por una serie de elementos como la libre elección, la lista de espera y cómo no, la connivencia de la Consejería de Sanidad. Para darse cuenta un poco de la magnitud de esto, solo hay que ir a las memorias del Servicio Madrileño de Salud, y se ven esos flujos de pacientes", indica García, que lamenta que detrás de cada  paciente "va un flujo de dinero". "Esto es una maquinaria que lleva utilizándose en Madrid desde hace mucho tiempo", lamenta.

"Las listas de espera no paran de crecer"

"Las listas de espera de la sanidad pública no paran de crecer. Desde que está la señora Ayuso han crecido al doble: un millón de madrileños y madrileñas están esperando una prueba durante un tiempo absolutamente inadmisible. Se ha duplicado la gente que espera más de seis meses. Y entonces, a través de un call center, a través de la supuesta libre elección, lo que te ofrecen es ir a este tipo de hospitales. [...] Con el audio, ahora ya todo el mundo sabe lo que pasa", reivindica la ministra.

A su vez, García explica que esta clase de centros ha perfeccionado la técnica para "pescar" pacientes de otros hospitales aprovechando las largas listas de espera de los centros públicos: "Donde más ganan es cuando captan pacientes de otras áreas. Por ejemplo, del 12 octubre, de La Paz, que son hospitales bandera, en donde se ejerce la medicina más compleja. [...] Si tú eres de Alcalá, que es de la zona de Torrejón de Ardoz, yo entiendo que el primero que te sale, el que tiene menos lista de espera en esta libre elección, siempre te sale Torrejón. Por eso captan 25.000 pacientes que no son de su área. [...] Hay denuncias ahora de los pacientes que dicen: ¿Cómo puede ser que a mí me estén haciendo esperar ocho, nueve meses? Pero claro, si hay alguien que te ofrece o te llama por teléfono y te ofrece esa misma cita en un mes, pues los pacientes van".

Un cambio de sistema

Al respecto de las listas de espera, la ministra ha asegurado estar trabajando en un real decreto que facilite la trazabilidad de los pacientes desde el momento que solicitan atención médica hasta que la reciben. Sobre el caso de Torrejón y al ser preguntada por las capacidades de su cartera ministerial en un caso como este, García ha defendido que "abrirán todos los frentes posibles": "Vamos a ir a tanto como ministerio y como grupo político Más Madrid en la Comunidad de Madrid a la Fiscalía por un delito de lesiones contra los pacientes, porque creemos que aquí hay un claro perjuicio en la salud de los pacientes. Esta es una de las de los de las vías jurídicas. [...] En cuanto a la vía política, ya hemos anunciado que vamos a mandar a la alta Inspección para que haga una investigación y ya hemos instado a la señora Ayuso a que haga una investigación. No me vale con las palabras, que esto es una pelea de empresarios. No, mire, señora, no somos tontos. Estamos trabajando en esa Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud para poner coto a este tipo de prácticas, porque sabemos que ocurren".

En el mismo sentido, García ha señalado sus intenciones de derogar la ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que fue la normativa legal que abrió la puerta a que los grupos privados pudieran gestionar centros sanitarios públicos. "El objetivo es derogarla y establecer una nueva que le ponga coto al ánimo de lucro y que establezca unas normas claras de esa colaboración público-privada, sobre todo para blindar y proteger nuestra sanidad pública frente a los fondos de inversión y frente a esta depredación constante que tenemos de nuestra sanidad. No prohibir que haya una colaboración público-privada, pero limitar que lo puedas hacer con empresas con ánimo de lucro", reivindica sobre una propuesta que espera poder aprobar durante esta legislatura.