Este viernes arrancará en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra el que fuera ministro de Economía durante el Gobierno de José María Aznar, Rodrigo Rato, y se extenderá hasta finales del próximo mes de mayo. La Fiscalía solicita una pena de cárcel que asciende ya a los 70 años por 11 delitos contra la Hacienda Pública, delito de blanqueo de capitales, insolvencia punible, corrupción en los negocios y delito continuado de falsedad documental y mercantil en lo relativo a la causa sobre el enriquecimiento ilícito del exvicepresidente. El exdirigente del Partido Popular habría defraudado una cantidad próxima a los 8,5 millones de euros a Hacienda.
En el escrito de acusación de la Fiscalía figura que el que también ocupara la presidencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo presuntamente un patrimonio oculto a la Hacienda Pública desde 1999, a través de un rosario de sociedades con las que incurrió en continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, además de otros enclaves. El estudio de la documentación incautada facilitó la detección de incrementos patrimoniales sin justificación entre los años 2005 y 2015, con un importe total de 15,6 millones de euros. Además, se hallaron rendimientos de capital mobiliario fuera de España a ocultas del fisco. De hecho, a tenor de un informe de 7 de julio de 2020 efectuado pro la AEAT adscrita a Anticorrupción, se hallaron cuotas defraudadas por un importe de 7,5 millones de euros.
La Fiscalía recuerda en su escrito que Rato se acogió en noviembre de 2012 a la amnistía fiscal, aunque omitió cualquier referencia a las sociedades que tenía en su poder, declarando un patrimonio exterior que rondaba los 115.333,50 euros, con pagos a Hacienda del orden de 11.533,35 euros. Por ello, la Fiscalía Anticorrupción señaló que Rato, “lejos de haber regularizado ni administrativa ni, menos aún, penalmente su fortuna, utilizó en realidad la declaración tributaria especial como vehículo de blanqueamiento o limpieza de las cuotas ilícitas defraudadas que arrastraba desde hacía años por su patrimonio”.
Una sola causa
El rosario de delitos que se le atribuyen al hombre fuerte de Aznar en sus años en Moncloa provocó que Anticorrupción solicitara para él una condena de 70 años de prisión. O lo que es lo mismo, entre 4 y 6 años por cada uno de los once delitos contra la Hacienda Pública, 6 por blanqueo, 4 por la insolvencia punible, otros 4 por corrupción en los negocios y, por último, 3 por falsedad documental. A todo ello se le suman las pertinentes multas y las indemnizaciones a la administración tributaria por las cuantías defraudadas en cada uno de los ejercicios fiscales que son objeto de la investigación.
De este modo, este juicio liquidará la causa de Rato en su totalidad, pues en 2019 la Audiencia Provincial anuló el procesamiento vinculado a la pieza en la que se le investigaba por el presunto cobro de 835.000 euros en comisiones en términos de contratos publicitarios de Bankia durante su salida a Bolsa. El ministerio Público solicitaba por ello cuatro años de prisión para el exvicepresidente del Gobierno.
Por este motivo, la Audiencia Provincial ordenó al Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid que aunara todas las piezas que conforman el caso Rato para acumularlas en un único proceso. Los jueces justificaron en su auto la maniobra para evitar “pronunciamientos contradictorios” que pudieran darse si se juzgaban todas las piezas por separado.
Recolección de pruebas
En un auto fechado en septiembre de este año, al que tuvo acceso Europa Press, la Sección número 7 de esta audiencia provincial se pronunció sobre la prueba a practicar en el plenario y que fue interesada tanto por la Fiscalía como por Abogacía del Estado y los hasta 12 encausados. En este sentido, además de admitir para el Ministerio Público la declaración de los acusados y de los representantes de las mercantiles encausadas, se aprobaba una veintena de testificales y varias periciales de Hacienda y de unidades policiales especializadas.
En cuanto a la prueba propuesta por la defensa de Rato, el tribunal acordó la mayoría de las solicitudes de testificales si bien denegó que declarara el exministro Rafael Catalá dado que, aseguraba, su testimonio se proponía por supuestas manifestaciones realizadas con carácter general y que no tenían relevancia para el enjuiciamiento de los hechos presuntamente cometidos por los acusados.
Tampoco aceptó la testifical de Santiago Menéndez, quien fuera director de la Agencia Tributaria entre 2013 y 2018, y que también propuso la defensa del exministro. Lo planteó para que testificara "en relación con sus declaraciones públicas sobre las investigaciones previas a la denuncia temprana que realizaron los funcionarios que él dirigía" y que dio lugar al inicio de la causa. Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid, donde se ha investigado este asunto, dictó auto de apertura de juicio oral en junio de 2021.
