La Agencia Tributaria habría investigado a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, según revela la causa que estudia el Juzgado de instrucción número 2 de Tarragona (Cataluña), tal y como apuntan distintas fuentes con acceso a la misma y cuenta El Independiente.

El nombre de los dos políticos apareció también en la Junta de Fiscales Anticorrupción que se celebró el pasado 26 de septiembre y que, no obstante, evidenció que no procedía explorar si existía un delito de revelación de secretos al no existir material suficiente.

Filtraciones en la época Montoro

Cuando Cristóbal Montoro se ocupaba del Ministerio de Hacienda también trascendió que Rato se había acogido a una amnistía fiscal que el Partido Popular (PP) había concedido en 2012 y aparecieron filtraciones hacia otros miembros de la formación, entre ellos la propia líder regional (de la que se conocieron datos tributarios) o algunos detalles acerca de las cuentas del fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, ya en 2015.

En lo que respecta al caso de Aguirre, ésta llegó a interponer una denuncia en julio de ese mismo año (la filtración se había producido en víspera electoral), lo mismo que Monedero, quien también puso pie en pared sobre este hecho. La reclamación de la antigua responsable de Sol alcanzó la Fiscalía General pero no llegó a nada, lo mismo que la del miembro de la formación morada, que ni siquiera se admitió a trámite.

Santiago Menéndez, director entonces de la Agencia Tributaria, negó en varias entrevistas a los medios de comunicación la existencia de filtraciones emplazando a “no olvidar que la información de los contribuyentes no sólo pasa por la Agencia Tributaria, sino por el propio contribuyente” y “asesores fiscales” o “entidades financieras”. También se refirió a la “independencia y profesionalidad” con la que trabajando en el Caso Rato.

Investigación secreta

Sin embargo, todo podría dar un giro completo a partir de una serie de correos que se encuadran en el marco de una investigación secreta al despacho que fundó Montoro bajo el nombre de Equipo Económico.

José Manuel de Alarcón, ahora director de la Oficina de Investigación del Fraude (ONIF) aparece en escritos enviados por Menéndez y tienen en copia al que fuera director de la Inspección de la Agencia Tributaria, Luis María Sánchez González, en aras de enviar la información fiscal de un periodista de ABC que previamente había publicado información que no había gustado al ministro de Hacienda.

Anticorrupción no ve delito

La investigación que se lleva a cabo desde Cataluña estudia unos cambios legislativos que buscarían beneficiar a empresas que no guardan relación con las filtraciones.

En este sentido, haber encontrado los correos señalados en las presentes líneas se corresponde con un hecho totalmente colateral que la fiscalía Antocorrupción ya consideró exentos de delito.

Así se decidió en la Junta de fiscales a pesar de que la persona que lleva el caso, Carmen García Cerdá, consideraba necesario practicar una serie de diligencias con el objetivo de profundizar los mensajes, así como dar con un posible delito de revelación de secretos. Eso no fue posible porque la mayor parte de sus compañeros -de hecho, todos salvo cinco- apoyaron que no hay una base sobre la que sustentar la investigación, siguiendo así la tesis del jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.

El encuentro duró varias horas y en ella aparecieron nombre de políticos, pero hubo otras cuestiones importantes que nunca se supieron, como por ejemplo a qué informadores se referían los correos. En cualquier caso, los funcionarios solventan que los mensajes no obedecen a ningún hecho constitutivo de delito y que no escapan a lo que serían correos que los trabajadores de Hacienda pueden pasarse entre sí y que, aunque estos contengan datos fiscales de contribuyentes, es algo que entra dentro de lo habitual. Otra cosa sería que los detalles terminaran en manos de terceros, pero por el momento esto no se puede afirmar.

Voces enfrentadas

Las opiniones dentro del organismo son diversas. De este modo, las hay que defienden que todo lo que ocurría dentro de Hacienda no obedece a indicios suficientes para requerir una información que comprometa a los responsables del ministerio.

En la misma línea, aunque yendo un paso más allá, hay quienes sostienen que la investigación de Tarragona podría resultar nula porque la prevaricación resulta especialmente complicada para el Poder Legislativo. Asimismo, otros apuntan a la prescripción, dado que han pasado cinco años.

En el otro lado del tablero, algunas voces expresan que en su momento obtuvieron una información fragmentada de la cuestión a partir de datos parciales o nombres tachados que no les posibilita conocer el grueso del asunto.

Sea como fuere, el juez alzará próximamente el secreto de sumario, lo que permitirá dotar al asunto de su magnitud real. Igualmente, aunque la revelación de secretos no se puede investigar, sí hay otras cuestiones que podrían verse afectadas por los documentos y  que quedan recogidas en las diligencias de la provincia catalana, entre ellas el juicio a Rato.