El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Aznar, Eduardo Zaplana, está a la espera de que la Audiencia de Valencia ponga fecha al juicio que le sentará en el banquillo por corrupción en el que se enfrenta a 19 años de prisión. Pero mientras espera, la sobra de los acuerdos de conformidad de otros imputados con la Fiscalía Anticorrupción empieza a pasar de ser una idea a ser algo tangible, lo que pone una metafórica espada de Damocles sobre Zaplana.

Y esto es así porque, de momento, el Ministerio Público ya cuenta con dos testigos estrella, los ingenieros financieros que movieron el presunto dinero adquirido del supuesto amaño de contratos públicos. Pero, según ha podido saber ElPlural.com, ya hay varios investigados que se están planteando muy seriamente sentarse a negociar con el fiscal del caso Pablo Ponce.

Si bien es cierto que todavía nadie ha llamado a la puerta del fiscal, también lo es que el acuerdo de conformidad empieza a tener pretendientes. De hecho, hay dos imputados, los hermanos Cotino, que saben lo que es pactar con Anticorrupción, pues no dudaron en afirmar que doparon al PP de Valencia a cambio de salir del juicio con una multa.

Las mismas fuentes aseguran que, como pasa siempre en este tipo de casos, la Fiscalía está a la espera del “desfile” que suele darse cuando las fechas del juicio se acercan. Pero como también siempre sucede en estos casos, el primero que llegue “se llevará el gato al agua” y saldrá con un mejor acuerdo que el resto.

Las conformidades

Los acuerdos de conformidad en los juicios son una posibilidad que, para ser sinceros, le vienen muy bien a la Fiscalía, pues la ayuda a conseguir el resto de condenas; y al imputado que pacta, ya que se ve con una pena bastante inferior a la que inicialmente se le solicitaba. En corrupción, este tipo de acuerdos son muy típicos, la pieza de Gürtel Valencia, la de la financiación irregular del PP de Francisco Camps, es un claro ejemplo.

Precisamente fue en ese juicio donde los Cotino, junto al resto de empresarios, no dudaron en ‘cantar la Traviata’, lo que supuso que, en un claro efecto dominó, otros imputados fueran detrás y también asumieran las tesis de Anticorrupción. En el caso Tádem, el que investiga al excomisario José Manuel Villarejo, también ha habido varios imputados que han llegado a un acuerdo para no ‘pisar’ la cárcel.

Caso Erial

En el caso Erial se investiga el supuesto amaño en la adjudicación de los contratos de las ITV y del Plan Eólico en la Comunitat Valenciana, así como el posterior pago de presuntas comisiones, entre otros, al expresidente Zaplana.

Entre los imputados en esta macrocausa contra la corrupción se encuentran, además de Eduardo Zaplana, los empresarios José y Vicente Cotino; los supuestos testaferros del expresidente Joaquín Barceló y Francisco Grau o el presidente de la mesa de contratación que adjudicó las ITV y jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García.

Los ahora procesados por el Juzgado de Instrucción Número 8 de Valencia están acusados de diversos delitos: prevaricación, malversación, fraude en la contratación, cohecho, delito contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.