El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, solicita un total de 41 años de cárcel  y 42 de inhabilitación para la conocida como ‘policía patriótica’ del Ministerio del Interior, durante el Gobierno de Mariano Rajoy por el caso Kitchen. Bárcenas pide la misma pena para todos los imputados excepto para el chófer, Sergio Ríos, al que le solicita menos años de cárcel (33) porque era el único que no era funcionario. Entre los nombres propios que se sentarán en el banquillo están el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, y el excomisario José Manuel Villarejo. En el escrito también se pide una responsabilidad civil de más de un millón de euros de la que el Estado podría ser responsable civil subdiario.

Según consta en el escrito presentado por la letrada de Bárcenas, Marta Giménez-Cassina, y al que ha tenido acceso ElPlural.com, “todos los investigados citados en el inicio del presente escrito entre los años 2012 y 2015 puestos de común acuerdo y con conocimiento de la ilicitud de los hechos que fueron realizándose sucesivamente a lo largo de esos años orquestaron una operación parapolicial al margen de la ley con el fin de conseguir y destruir la posible información que Luis Bárcenas y su familia, en concreto su esposa Rosalía Iglesias y el hijo de estos Guillermo Bárcenas, tuvieran en su poder que pudiese afectar al Partido Popular dentro del caso Gürtel”.

El escrito prosigue relatando que, dicha operación comenzó a gestarse en el año 2012 empezando a materializarse en febrero del 2013, fecha en la que acababan de ser publicados en prensa los denominados papeles de Bárcenas siendo estos una contabilidad “extracontable” del Partido Popular que “podía perjudicar en gran manera al partido político y dando lugar a la pieza separada “Informe UDEF-BLA no 22.510/13”, como decimos denominada Papeles de Bárcenas”. Y apostilla: “A partir de dicha fecha se organizó el operativo parapolicial que se denominó “Kitchen” dirigido desde el Ministerio del Interior”.

El ministro

Sobre el exministro del Interior, asevera la letrada que, Jorge Fernández Díaz, como máximo responsable político de interior, “con conocimiento de su ilicitud y claro abuso de sus funciones ordenó a Francisco Martínez, quien fuera, primero su jefe de Gabinete y, desde enero de 2013 secretario de Estado de Seguridad, poner en marcha una operación encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar en poder de Luis Bárcenas, quien fuera gerente nacional del partido y posteriormente tesorero o, en su caso, de las personas de máxima confianza del mismo, su esposa Rosalia Iglesias y el hijo de ambos Guillermo Bárcenas, con el fin de sustraer de forma ilícita dicho material tanto del mismo como de la autoridad judicial que se encontraba investigando en el procedimiento denominado Gürtel”.

Martínez asumió la coordinación de la operación ilícita por indicación del ministro, encargando la planificación y desarrollo al director adjunto Operativo (DAO), el ahora investigado Eugenio Pino, según el escrito. “Pino, a su vez, encargó esta operación a Villarejo, quien, para su ejecución, se sirve en un primer momento de Marcelino Martín Blas, que estaba al frente de la Unidad de Asuntos Internos (UAI), y posteriormente de Enrique García Castaño, al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), que asumió personalmente el compromiso de llevar a buen puerto la misión, sirviéndose además de la Unidad Especial de Seguimientos porque resultaba esencial para lograr su objetivo de orquestar operativos de vigilancia a la familia Bárcenas y en definitiva tenerles controlados en todo momento”.

Fue entonces cuando contrataron al chófer, Sergio Ríos, por 2.000 euros mensuales, que “controlaba todos los movimientos que estos hacían y conocía en todo momento a que personas veían, donde comían, se reunían y además escuchaba las conversaciones privadas de la familia cuando estaban en el vehículo familiar”. Fue gracias a la colaboración de Ríos que este operativo parapolicial consiguió robar los documentos de la Gürtel del estudio de la mujer de Bárcenas, al cual ellos llamaban ‘el zulo’.

Pero, más allá del robo, en octubre del 2013, estando Rosalía y su hijo en el domicilio familiar junto con la señora que tenían contratada de servicio doméstico, sufrieron un secuestro ejecutado por Enrique Olivares García, una persona disfrazada de sacerdote cuyo objetivo, según sus propias manifestaciones, era el obtener documentación “que pudiera hundir al gobierno”.

Acoso en Soto

Explica el escrito que en junio de 2013 comenzó un acoso a Bárcenas en Soto del Real, prisión en la que cumple condena. Dice la abogada del extesorero que, Luis Barcenas “sufrió un injustificado acoso por parte de los funcionarios de prisión que recibirían instrucciones de Instituciones penitenciarias que depende del Ministerio del Interior consistente en medidas y acciones que no eran habituales respecto a otros internos, registros constantes en la celda, cacheos integrales sin justificación real, sanciones, le obligaban siempre a estar en la misma cabina en los locutorios cuando recibía visitas de su abogado”.

Y después, prosigue, “cuando se le autorizó visitas en sala siempre era en la misma cuando lo habitual es que sean el letrado y el interno quien elijan donde se comunican, solo le permitían hacer las llamadas autorizadas desde un teléfono determinado y con un funcionario al lado al que siempre tenía que informar con quien hablaba, se le produjeron lesiones en las muñecas por ponerle mal las esposas en los traslados etc... Además, fueron publicadas imágenes fotográficas suyas y videos obtenidos dentro de la prisión por todos los medios de comunicación”.

“Hasta tal punto llegó el control ejercido a Bárcenas que fue clasificado como F.I.E.S. (Fichero de Internos de Especial Seguimiento) siendo este un tipo de control establecido por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que depende del Ministerio del Interior del que recordemos, era ministro Fernández Díaz, adoptándose una serie de medidas consistentes en un mayor control y vigilancia según el tipo de delito cometido, su trayectoria penitenciaria, o su integración en organizaciones criminales con el objeto de ejercer un severo control que se adecue a las complejas formulas delictivas existente con potencialidad para desestabilizar el orden de la prisión”, apostilla el escrito.

Los F.I.E.S.

El origen de la creación de los F.I.E.S. fue para internos pertenecientes a bandas terroristas, existen cinco grados en dicha clasificación y Luis Barcenas no entraba dentro de ninguno de los requisitos establecidos para ser clasificado como tal: especialmente conflictivos y peligrosos, delincuencia organizada, bandas armadas, fuerzas de seguridad del estado y funcionarios de prisiones e internos vinculados a delincuencia internacional, según su letrada.

Al ser clasificado como F.I.E.S “de forma irregular por los motivos que decimos el Centro Penitenciario tendría acceso a las comunicaciones escritas, intervención de comunicaciones orales, de revistas, libros, periódicos etc.…, anotación diaria de los funcionarios de todos los movimientos del interno, etc.... y a todo tipo de restricciones como prohibición de participar en talleres, trabajos o cursos, registros frecuentes en celdas, normas estrictas en traslados etc...”, esgrime el escrito.