El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, ha admitido tres denuncias presentadas contra la plataforma de inversiones Madeira Invest Club, cuyo fundador es Álvaro Romillo, conocido en círculos como Cryptospain y que está vinculado a Alvise Pérez por financiar con 100.000 euros su partido (Se Acabó la Fiesta). Se le acusa tanto a él como a varios de sus administradores de una presunta estafa piramidal. Asimismo, el magistrado ha desestimado la solicitud de los demandantes para investigar al líder de la plataforma ultra porque, según la doctrina del Alto Tribunal, ha de remitir una exposición razona para investigar a un aforado cuando haya indicios de responsabilidad penal.
En el auto, el juez de la Audienca Nacional rechaza inhibirse al Tribunal Supremo para investigar al líder de la plataforma ultra Se Acabó la Fiesta, tal y como se le requirió desde las acusaciones. Sin embargo, el magistrado recuerda que se debe remitir una exposición razonada para investigar a un aforado cuando aparezcan “indicios de responsabilidad”. En este sentido, cabe recordar que fue la Asociación de Usuarios de Criptomonedas la que amplió la querella inicial para solicitar al juzgado que enviase la causa al Supremo por su condición de eurodiputado y, por tanto, de aforado.
En este sentido, el juez Calama abunda que no basta con una constatación puramente nominal de que determinado potencial delito ha sido atribuido a un aforado en cuestión, sino que “ha de ser lo suficientemente exhaustiva como para delimitar, con toda la provisionalidad que es propia de un momento procesal como el presente, el alcance objetivo y subjetivo de los hechos”. Un aforado, abunda, puede asumir la condición de parte y declarar voluntariamente en el tribunal.
"Se establece también expresamente la facultad de asumir la condición de parte, tomar conocimiento de todas las actuaciones y obtener copia de dicha denuncia o querella, en su caso; declarar voluntariamente ante el Juez, aportar documentos, proponer pruebas y participar en las diligencias probatorias", expone en el escrito Calama, quien admite, tras el informe favorable de la Fiscalía, las querellas presentadas por la Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios, la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas y la ya mencionada Asociación de Usuarios de Criptomonedas.
Las cifras
Así, subraya que, toda vez queda determinado que los hechos son susceptibles de fraude, sin perjuicio de la calificación jurídica impuesta en cada momento procesal queda patente con “meridiana claridad” que pueden ser constitutivos de delito de estafa y que, por tanto, son competencia exclusiva de la Audiencia Nacional, a juzgar por el número de perjudicados y el montante total de lo defraudado. El magistrado indica que la cantidad asciende a más de 11 millones de euros, superando la frontera de los 7 millones que fijó el Tribunal Supremo como parámetro para atribuir la competencia de la Audiencia.
Desde el bufete Aránguez Abogados, que actúan en representación de Asociación de Usuarios de Criptomonedas y defienden los intereses de algo más de 500 afectados, cifran el fraude en más de 300 millones de euros. El despacho aduce en su denuncia que Romillo, que se presentaba bajo el alias CryptoSpain, "alardeaba de ser un gran experto en elusión fiscal y conocedor de criptomonedas".
En su ampliación de denuncia, sostenían que Romillo habría manifestado "públicamente la vinculación de esta trama" con el eurodiputado, "motivo por el que argumenta y excusa la paralización de la plataforma y la no devolución del capital a los afectados". Por su parte, desde Zaballos Abogados --actuando en representación de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas-- calculan que los estafados superan las 2.700 personas y el fraude alcanzaría los 600 millones de euros. "Los afectados ingresaban en un supuesto club financiero de inversores. Entrar en dicho club no era barato, tenían que desembolsar la cantidad de 2000 euros al año. Éste era el gancho para ofrecerle todo tipo de publicidad agresiva y marketing falso, con el objeto de atraparlos en inversiones de una media de 100.000 euros", sostiene el despacho.
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