En la apertura del año judicial y con todos los ojos puestos en su intervención, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha pedido ante el rey y altos cargos del Gobierno y del principal partido de la oposición que la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se realice sin atender a cuestiones partidistas. El magistrado ha calificado la situación de “insostenible” y ha instado a los dos principales partidos del arco parlamentario a ponerle solución a esta anomalía democrática “en las próximas semanas”.
Más de 1.000 días lleva el CGPJ caducado. El debate lleva tiempo servido, pero esta cifra redonda ha redoblado las acusaciones cruzadas entre Gobierno y oposición: mientras el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, encendió la mecha la semana pasada recordando que todos los poderes emanan del Estado y los jueces no pueden saltarse el control parlamentario eligiéndose entre ellos, la oposición atacó con dureza sus palabras llegando a pedir su dimisión y pidiendo un cambio de modelo que diera más poder a los jueces a la hora de elegir a sus representantes.
ElPlural.com se ha puesto en contacto con las principales asociaciones judiciales del país para conocer qué piensan al respecto, ahondar en el significado de un bloqueo inconstitucional y apreciar a quién culpabilizan de este proceso anómalo en el que el CGPJ, órgano encargado de nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo, esté en funciones desde el 4 de diciembre de 2018. De forma holgada, este consejo ha sido el que más tiempo ha estado sin renovar en toda la democracia española. Este factor empieza a poner en cuestión la independencia de la justicia española y del órgano encargado de su imparcialidad.
¿Qué supone el bloqueo del CGPJ?
“El retraso de tres años supone una anomalía que debilita al órgano de gobierno y termina por afectar al conjunto del sistema, no solo al Poder Judicial, sino al resto de instituciones, Gobierno y Cortes Generales, cuya credibilidad queda en cuestión”, argumenta en declaraciones a este medio Manuel Almenar Belenguer, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). “Ahora las consecuencias de esta anomalía resultan agravadas porque, en lugar de buscar el consenso, se pretendió resolver privando al CGPJ de una de sus principales funciones y provocando una situación de vacantes e interinidad en el Tribunal Supremo y al frente de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales que acaba por impedir su normal funcionamiento, sin el cual no hay Estado de Derecho”, prosigue la cabeza visible de la asociación con un mayor número de miembros en España.
En la misma línea contestan desde la Asociación Francisco de Vitoria (AJFV), aunque van un poco más allá y ponen sobre la mesa la culpa de los dos partidos con mayor representación en el Congreso de los Diputados: “Dificulta aspectos importantes en el funcionamiento de la Justicia española, como los nombramientos en los principales tribunales del país. Y además impide que se afronten proyectos de reforma del sistema judicial o de mejoras profesionales. Pero, sin duda, lo peor es el daño institucional al que tanto PSOE como PP están sometiendo a esta institución no sólo con el bloqueo de los últimos tres años, sino peor todavía con el reparto que han hecho de este órgano durante 35 años”, argumenta Jorge Navas.
Más directa y crítica con el PP es Asunción Martín, portavoz de la Asociación Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) -la asociación progresista mayoritaria-: “Está bloqueado porque el PP, el principal partido de la oposición, se niega a ponerse a dialogar y, por tanto, es imposible su renovación. Desde nuestro punto de vista, el bloqueo supone no cumplir la principal de sus funciones que es la imposibilidad de hacer nombramientos discrecionales”.
Concepción Rodríguez, presidenta de la Asociación Foro Independiente (FJI), matiza que este bloqueo “lo que pone de manifiesto es el fracaso del sistema establecido en la LOPJ 6/1985 de 1 de julio, de elección exclusivamente parlamentaria del CGPJ”. “La Constitución Española en su artículo 122 no dice que transcurrido el mandato no siga funcionando el órgano. Lo que se ha hecho es aprobar la LOPJ 4/2021 a tal fin. Esta reforma es la que limita ciertas competencias del CGPJ en funciones”, prosigue.
¿La solución? Las asociaciones responden a Bolaños
Todas las asociaciones judiciales mayoritarias en nuestro país argumentan que el actual sistema de elección está caduco y hay que apostar por una elección directa por parte de los jueces. Además, argumentan que este es un mandato que viene de largo y se está observando desde Europa: “Todas las asociaciones judiciales y varias instituciones europeas venimos reclamando desde 2014 que es necesaria la despolitización del sistema de elección para que, como nos pide la UE y contempla nuestra Constitución, al menos la mitad del CGPJ lo voten todos los jueces españoles y el CGPJ no dependa sólo de dos partidos políticos, lo cual es una anomalía en toda Europa”, explican desde la AJFV.
“Las formaciones políticas deben interiorizar que la separación de poderes es un pilar esencial de la democracia y reformar el sistema de elección de los vocales judiciales del CGPJ para que sean elegidos por los propios jueces, de conformidad con las reiteradas recomendaciones de la Unión Europea, del Grupo de Estados contra la Corrupción y de la Comisión de Venecia”, sostiene Almenar Belenguer, presidente de APM, que cree que las palabras de Bolaños (“los jueces no pueden elegir a los jueces”) manifiestan “un error de concepto que revela el desconocimiento de lo que es una democracia plena. Uno de los pilares de la democracia es la separación de poderes”.
“Estas declaraciones parecen cuestionar que países como Francia, Italia o Portugal, en los que la mayoría de los miembros del Consejo son elegidos por los jueces, sean una democracia plena. O las decisiones que en esta línea han adoptado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. O las exigencias de las instituciones de la Unión Europea que insisten en que las autoridades políticas no pueden intervenir en ningún momento del proceso en la elección de los vocales de procedencia judicial y elevan el que la mitad de los vocales sean elegidos por los jueces a la condición de estándar de independencia judicial en el marco de la Unión”, sentencia Almenar Belenguer.
Para la AJFV, las declaraciones del ministro son “propias de alguien que ignora los pilares básicos de la democracia” y, además, recuerdan que el propio Pedro Sánchez exigía este modelo cuando estaba en la oposición. Por su parte, la presidente de Foro Independiente añade que le “sorprende que una persona Licenciada en derecho desconozca las estructuras de toda democracia y la separación de poderes”. “Lo democrático no es que un poder controle otro poder del Estado. Lo democrático es que los gobernados elijan a sus gobernantes y por lo tanto los jueces elijan a una parte de su órgano de Gobierno”, prosigue, añadiendo que a favor de este cambio se ha mostrado Europa a través de la Comisión Europea y el Comisario de Justicia de la UE, la Comisión de Venecia, el Consejo de Europa a través de GRECO, los ciudadanos españoles según el Eurobarómetro de 2018, el TEDH en recientes sentencias, el Consejo Consultivo de jueces Europeos y el 90% de los jueces según la encuesta de Metroscopia de octubre de 2020.
También JJpD se muestra favorable a que 12 de los vocales sean elegidos de forma directa por los jueces, aunque Asunción Martín expone que lo prioritario en el momento en el que estamos es renovar en CGPJ: “Lo nuestro es cumplir la ley que es renovar el CPGJ con la ley actual, porque llevamos mil días en funciones, y después modificar la ley para que los doce miembros del CGPJ se puedan elegir en por los propios jueces. Es importante señalar que cualquier magistrado de la carrera judicial con veinticinco avales se puede presentar a vocal. Es una elección directa, otra cosa es que los elijan o no. El Congreso y el Senado eligen a la mayoría de los miembros elegidos previas primarias por las distintas asociaciones judiciales. Salvo alguna excepción, esa lista la damos nosotros”.
“Nosotros estamos abiertos a cualquier propuesta legislativa porque es su función. Nosotros como jueces lo único que hacemos es juzgar y hacer ejecutar los juzgados y aplicar la ley. ¿Que al renovar el Consejo deciden cambiar y mejorar la ley? Perfecto. Todos los sistemas son mejorables, y este también. Ahora mismo hay otra urgencia. Tramitar otro proceso legislativo para cambiar la elección de los vocales lo único que hace es dilatar el proceso de renovación. Llevamos mil días en funciones. Además, el proceso se inició en 2018 y tiene que hacerse con la ley de 2018, la ley actual. No se puede cambiar con efecto retroactivo”, sentencian desde JJpD.
Cansados del bloqueo del PP
¿Debería el PP desbloquear la negociación? “Por supuesto y así se lo hemos exigido hasta la saciedad, pero no si es para hacerlo como se ha hecho hasta ahora, cada vez de forma más descarada y partidista. La peor solución de todas sería otro reparto de asientos entre PSOE y PP, porque eso no arregla nada, al contrario: es perpetuar el problema y agrava la percepción de sumisión del CGPJ a los partidos. El problema es que el PP ha tomado esa postura ahora y por puro interés político, mucho nos tememos que en cualquier momento puede volver al mercadeo y reparto de asientos en el CGPJ, como su actual dirección ha estado a punto de hacer en varias ocasiones en esta misma legislatura. A ver si es verdad que por fin se han convencido y no vuelven a incumplir sus promesas”, explican desde la AJFV.
Desde Foro Judicial Independiente y la Asociación Profesional de la Magistratura prefieren no centrar el tiro en el PP únicamente, sino en el viejo reparto del bipartidismo: “Lo que ha estado muy mal es que dos partidos políticos se repartan el órgano de Gobierno de los jueces. La democracia exige separación de poderes. Desde el momento en que se reforme el sistema no habrá problemas de bloqueos”, sostiene Concepción Rodríguez (FJI). “La no renovación del CGPJ obedece a la incapacidad de las fuerzas públicas de alcanzar un acuerdo que prime el interés general del país y de nuestros ciudadanos por encima de cualquier otro. Y ese interés pasa por una reforma del sistema para que los vocales judiciales sean elegidos por los propios jueces”, remacha Manuel Almenar Belenguer (APM).
