El fútbol español no está libre de escándalos. Tras el estallido del caso Negreira, que ha puesto patas arriba al país, vuelve a la palestra la trama Soule, que investiga las presuntas irregularidades en la gestión de Ángel María Villar al frente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). LaLiga, con Javier Tebas a la cabeza, solicitado al juez que instruye la causa la imputación de Victoriano Sánchez Arminio, ex presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) y jefe directo de Enríquez Negreira, por el presunto desvío de 8 millones de euros al estamento arbitral. El requerimiento de la organización ha contado con el respaldo de la Fiscalía Anticorrucpión, aunque rechaza que se incluya al ente federativo en la investigación.

Este mismo martes, en pleno torbellino por la “relación mercantil” de José María Enríquez Negreira, ex número dos del colectivo arbitral, con el FC Barcelona, LaLiga requirió a la Audiencia Nacional que se investigara a Sánchez Arminio por el presunto desvío de 8 millones de euros que la RFEF destinó al CTA. Solicitud que ha contado con el beneplácito del Ministerio Público.

Anticorrupción respalda a Tebas

Según ha avanzado Vozpopuli, Anticorrupción ha dado el visto bueno a varias de las diligencias requeridas por la entidad que preside Javier Tebas, aunque rechaza incluir a la Real Federación Española de Fútbol -en manos de Luis Rubiales desde el año 2018-. Este mismo martes, LaLiga solicitó al magistrado que instruye el caso Soule, que investiga la gestión de Villar durante sus años como presidente del órgano federativo, que investigara un rosario de pagos que se hicieron al hijo del exvicepresidente de los árbitros.

La RFEF de Ángel María Villar habría pagado 4.400 euros en diferentes tandas entre 2011 y 2016 a Javier Enríquez, hijo del segundo de a bordo de Sánchez Arminio hasta 2018. Según apuntan conocedores del caso, en su día LaLiga reclamó a la RFEF que aclarara una serie de pagos injustificados en el marco de la operación Soule. No obstante, toda vez que ha estallado el caso Negreira, el ente presidido por Tebas ha percutido sobre este asunto hasta llegar al fondo del mismo.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1, Alejandro Abascal, acordó el pasado mes de agosto una prórroga de sus investigaciones en el marco del caso Soule, a la espera de recibir diferentes informes aún pendientes. Entre los últimos remitidos por la Intervención General del Estado (IGAE), se ponía sobre aviso al magistrado de la presencia de irregularidades de diversa índole en las obras y construcción de varios campos de fútbol en España. Precisamente fue la pasada semana cuando la Cadena SER informaba de que la Fiscalía de Barcelona estaba detrás del pago de 1,7 millones que, presuntamente, el Barça habría hecho a Enríquez Negreira.

¿Qué es el caso Soule?

Han transcurrido un total de 5 años, 7 meses y 4 días desde que los medios gráficos registraran la icónica imagen del que fuera presidente de la RFEF durante treinta años, Ángel María Villar, fuera detenido junto a su hijo y su vicepresidente económico Juan Padrón. Los tres permanecieron unas dos semanas en el centro penitenciario de Soto del Real, hasta que el juez Santiago Pedraz decretó libertad bajo fianza.

Una instantánea para el recuerdo, pero que desde el entorno de Villar calificaron en su momento como una actuación “desproporcionada” y orientada a “buscar el morbo social”. La detención del intocable expresidente fue la detonación mediática del caso Soule, que estrecha el cerco sobre la gestión del que fuera el máximo responsable federativo durante su extenso mandato, aunque, en realidad, han transcurrido siete años desde que Anticorrupción diera los primeros pasos en las pesquisas, en el lejano mes de noviembre de 2015.

En el auto original del magistrado Santiago Pedraz se recoge que la investigación se inició a petición del Ministerio Público y se centró en la interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas para arrojar luz a los hechos analizados en el marco de la RFEF y el resto de federaciones territoriales y organismos estrechamente vinculados a la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija (MUPRESFE).

El juez registró que “con voluntad de enriquecerse y/o favorecer el enriquecimiento de terceros a costa del patrimonio de dichas asociaciones, se ha creado un entramado societario que, presumiblemente, ha permitido la desviación de fondos, tanto públicos como privados, de dichas asociaciones a sociedades vinculadas con ellos”. De esta manera, según explicó Pedraz, se estableció una “red clientelar tanto en la contratación del personal, fundamentalmente en familiares, como en la presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministro a prestación de servicios a empresas vinculadas”, ya estuvieran ligadas directamente o gestionadas por familiares. Además, esgrimió que obtuvieron “determinadas contraprestaciones por dichas adjudicaciones con un claro incumplimiento de sus obligaciones como responsables de los fondos federativos y aprovechándose del puesto que ostentan”.