La constructora ACS ha arremetido sin compasión contra Iberdrola en un escrito presentado en el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, donde se investiga el presunto espionaje por parte de una filial de la eléctrica al presidente de ACS, Florentino Pérez. Una investigación que ha terminado con la imputación del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. En su escrito afirman que las declaraciones que los directivos de Iberdrola realizaron ante la Comisión Federal de Servicios Públicos de Texas en Estados Unidos, sobre los pagos al excomisario José Manuel Villarejo, fueron falsas.

Según el escrito, adelantado por El Confidencial, Iberdrola aseveró que "no existe ninguna imputación formal ni ninguna otra acción formal por parte del juzgado”. A juicio de la constructora, “las pruebas demuestran hasta dónde llegará Iberdrola para controlar el negocio de sus filiales, acosar, rechazar y erradicar la competencia, espiar y atacar personalmente a los oponentes, ya sean jueces u otros líderes empresariales o ciudadanos que recogen firmas, o llevar a cabo otras actividades turbias, viles y fraudulentas”.

La empresa dirigida por Pérez también apostilla que, “como se verá de forma reiterada, Iberdrola SA se niega a admitir ante la comisión estadounidense que algún directivo o empleado de Iberdrola -o alguna filial- haya sido imputado en el procedimiento. Para ello se niega sistemáticamente a utilizar el vocablo 'charged' para referirse a imputación”, y recuerdan que García-Castellón les acusa de los “delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad documental”.

Vetos a Iberdrola

Las declaraciones de las que habla ACS en su escrito están relacionadas con el veto de las autoridades estadounidenses a la adquisición de PNM Resources por 8.000 millones de dólares.

Es más, Iberdrola llegó a enviar un escrito al juzgado de García-Castellón en el que advertían de que, “los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley”.

En ese mismo escrito, desde la eléctrica aseveraban que, “la historia de la instrucción de los procedimientos penales en España -sobre todo en aquellos de mayor repercusión mediática- muestra toda clase de patologías, pero probablemente en este caso se estén traspasando las líneas imaginables, hasta el grado de dar lugar a un funcionamiento de la Administración de Justicia abiertamente anormal, encontrándose plenamente acreditado el daño causado, a los efectos del artículo 296 de la LOPJ, circunstancia fácilmente comprobable con la mera lectura de las noticias publicadas, respecto de la inversión de Iberdrola en Estados Unidos”.