El Gobierno quiere blindar por ley el derecho al aborto, pero el debate ya no es solo político: es jurídico, ideológico y simbólico. La abogada Guadalupe Sánchez, representante del juez Peinado y del novio de Ayuso, ha encendido la mecha al advertir en redes sociales que la reforma del artículo 43 “va a suponer para el aborto lo que la ley del sólo sí es sí supuso para los violadores”. Una frase que reabre la fractura entre progresistas y conservadores sobre los límites de la igualdad y el alcance de la Constitución.

El comentario de Sánchez no es inocente. No solo vincula la iniciativa del Ejecutivo con una ley que la derecha convirtió en símbolo de su ofensiva contra el feminismo, sino que sugiere que cualquier avance en materia de derechos de las mujeres es, en el fondo, un error previsible. La abogada, conocida por sus intervenciones mediáticas y su proximidad al entorno de Isabel Díaz Ayuso, aprovecha así el eco de su doble representación —la del juez Peinado y la del empresario Alberto González Amador— para proyectar un discurso político desde una posición aparentemente jurídica.

Sin embargo, su argumento omite deliberadamente el contexto: el fallo en la aplicación de aquella norma fue corregido, y el objetivo de reconocer el consentimiento explícito como base penal sigue siendo un avance que ningún partido se ha atrevido a derogar.

Blindar el aborto: un paso simbólico, pero también necesario

La propuesta del Ejecutivo —impulsada por PSOE y Sumar— plantea reformar el artículo 43 de la Constitución, relativo a la protección de la salud, para incluir que “el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo será garantizado por los poderes públicos en condiciones de igualdad efectiva”. Se trata de un blindaje jurídico frente a la regresión conservadora que amenaza derechos consolidados, y que en comunidades como Madrid o Castilla y León se ha traducido en protocolos disuasorios y objeciones institucionales.

Lejos de ser un gesto vacío, la reforma busca impedir que una mayoría parlamentaria puntual pueda revertir el derecho al aborto, como ya ha ocurrido en Estados Unidos o Polonia. Quienes la cuestionan desde el formalismo jurídico —incluida Sánchez— suelen ignorar que las reformas constitucionales no solo sirven para crear nuevos derechos, sino para garantizar los que el tiempo ha demostrado vulnerables.

Ayuso se atrinchera en el discurso del “aborto poco frecuente”

En paralelo a la polémica desatada por la abogada Guadalupe Sánchez, su defendido Alberto González Amador y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso han quedado, una vez más, en el centro del huracán político. Ayuso ha utilizado el debate sobre el blindaje constitucional del aborto para reforzar su perfil conservador frente al Gobierno, asegurando que el aborto “debe ser seguro, legal y poco frecuente”. Una formulación heredada del discurso de los republicanos moderados estadounidenses, que en su aparente moderación esconde una visión paternalista: el aborto como mal menor, no como derecho.

La presidenta madrileña ha reprochado a Pedro Sánchez el “tono machito” con el que, a su juicio, el Ejecutivo defiende la reforma, pero no ha concretado ninguna medida autonómica que garantice el acceso real a la interrupción del embarazo en la Comunidad de Madrid. Muy al contrario: su Gobierno acumula denuncias por los obstáculos burocráticos y por la falta de profesionales no objetores en hospitales públicos, lo que obliga a muchas mujeres a desplazarse o recurrir a clínicas privadas.

Frente a ese panorama, el Ejecutivo central ha remitido requerimientos formales a las comunidades que incumplen la ley —entre ellas Madrid, Aragón y Baleares— para que cumplan con la creación de un registro de médicos objetores, como establece la reforma de 2023. La medida busca garantizar que todas las mujeres puedan ejercer el derecho al aborto en su propio territorio, sin depender de la voluntad individual de los profesionales.

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