Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actualmente en España hay cerca de 250.000 aforados. De ellos, más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos, cinco pertenecen a la Familia Real y el resto, 17.603, a instituciones del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Ahora bien, ¿qué significa ser aforado en España? Un aforado es aquel que por desempeñar un cargo público goza del distintivo de, en caso de ser imputados por algún delito, ser juzgados por un tribunal diferente que el que le correspondería en caso de no tener esta distinción. La razón que hay detrás de ello responde a las presiones políticas que podría tener el tribunal al juzgar a un cargo público con alta responsabilidad.
En España es la Constitución la que dicta el aforamiento para diputados y senadores, así como para el presidente del Gobierno y demás miembros del Ejecutivo ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. En esta línea, también gozan de la condición de aforado el presidente y los consejeros del Tribunal de Cuentas, el presidente y consejeros del Consejo de Estado y el Defensor del Pueblo.
Sin embargo, es la Ley Orgánica del Poder Judicial la que recoge este derecho para los miembros de lo judicial como es el presidente del Tribunal Supremo; por su parte, los Estatutos de Autonomía lo hacen con los cargos públicos de las comunidades autónomas, a excepción de Canarias, que eliminó el privilegio en noviembre de 2018. En lo que respecta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, estos tienen una condición especial de aforamiento ya que deben ser juzgados por las Audiencias Provinciales en caso de que incurran en un delito.
El rey, exento de investigación
Entre todos los aforados del país, la única persona sobre la que no recae ningún tipo de responsabilidad es Felipe VI. Según reza el artículo 56 de la Constitución española, “la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2”.
Sin embargo, la reina Letizia, los reyes Juan Carlos y Sofía y la Princesa Leonor son aforados ante el Tribunal Supremo.
Al margen de las particularidades de la Casa Real, el grupo con más aforados en España son los policías y guardias civiles, más de 232.000, juzgados por las Audiencias Provinciales. En segundo lugar, son los jueces, cerca de 5.400, y los fiscales, 2.550, que gozan de aforamiento para no ser juzgados por compañeros del mismo nivel.
¿Existe en todas partes el aforamiento?
Estos privilegios de los que gozan buena parte de los ciudadanos españoles con cargos públicos no se aplica de igual manera en el extranjero. En Francia, los miembros del Gobierno tienen una condición especial en el ámbito judicial pero que se aplica exclusivamente a las actividades realizadas en el ejercicio de su labor, no el ámbito privado, siendo el presidente de la república el único que goza de inmunidad judicial.
Por otra parte, en Alemania, los ministros no tienen condición de aforados, a no ser que sean también miembros de parlamentos y que, a petición de la Fiscalía, pueda ser esta inmunidad levantada por la Cámara correspondiente.
En el caso de Italia, cinco altos cargos del Estado gozan de inmunidad a no ser que comentan un delito contra la Constitución. Son el presidente de la república, los de las dos Cámaras, el jefe del Gobierno y el presidente del Tribunal Constitucional. Entre otras cosas, ningún miembro parlamentario puede ser sometido a un registro personal ni detenido a menos que haya una condena judicial firme o cuando es sorprendido ‘in fraganti’ en la comisión de un delito.
Así, en el país vecino de Portugal, únicamente el presidente de la república y los miembros del Consejo de Estado tienen inmunidad. Por su parte, los diputados también son aforados en el país y no pueden ser detenidos ni investigados sin una autorización previa del Parlamento.
En Reino Unido, son aforados los parlamentarios y miembros del Gobierno que además son diputados, por lo que para ser procesados por algún delito debe ser autorizado por el propio Parlamento o por el Tribunal Supremo.
