El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena ha concedido una entrevista con El Mundo y, en ella, ha asegurado que "existen demasiados aforados" a pesar de pertenecer al gremio de los jueces, precisamente el segundo colectivo español con más aforados, con más de 5.000.
Según datos de El Periódico, en España hay más de 250.000 aforados, una lista de gran tamaño debido a que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicas gozan de este privilegio y son 232.400. Cuando cometen delitos leves o menos graves en el ejercicio de sus funciones solo pueden ser juzgados por la Audiencia Provincial. Los 17.600 restantes corresponden a las instituciones del Estado y de las comunidades autónomas. Dentro de ellos, el grupo más grande de aforados corresponde a los jueces (unos 5.500) y los fiscales (2.550). Dentro de ellos, los altos cargos, como los vocales del CGPJ, los magistrados del Supremo, del Constitucional y de la Audiencia Nacional, responden ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. En cuanto a los políticos, el presidente del Gobierno y los ministros solo pueden ser investigados por el Supremo; y los presidentes y consejeros autonómicos están aforados ante el Supremo o los tribunales superiores de justicia. Los diputados, senadores y parlamentarios autonómicos también tienen fuero. Quien tiene mayor grado de protección es el rey, que goza de inviolabilidad y no puede ser investigado por ninguna vía.
Con este telón de fondo, con los jueces siendo, a efectos prácticos, el grupo de aforados más grande del país, Marchena ha asegurado que existe una flota de aforados de exagerado tamaño. En la entrevista, ha sido preguntado por este privilegio, que se remonta a las Cortes de Cádiz, y le han cuestionado si consideraba que los aforados motivaban la desafección ciudadana con la justicia por ser un privilegio ajeno a nuestro tiempo.
"Coincido plenamente con usted. Hay una legión de aforados ante la que el aroma de privilegio es muy intenso. He dicho en muchas ocasiones que en España el aforamiento ha llegado a tener una dimensión protocolaria. La importancia del cargo se hace depender, entre otras notas, de qué juez investiga y de qué tribunal enjuicia a ese responsable. La Constitución de 1978 limitó los aforamientos a los ministros, diputados y senadores. Pero me parece muy significativo que en la Unión Europea se haya creado también una legión de representantes políticos aforados. El aroma de privilegio es muy intenso", ha argumentado, a pesar de los datos expuestos que contrarrestan este relato del magistrado.
Del mismo modo, Marchena también ha argumentado que "los ataques a los jueces, incorporados incluso a acuerdos políticos que hablan de lawfare, están teniendo un efecto demoledor en la credibilidad de la justicia". "Creo que se pone en riesgo la paz social si la sociedad no confía en los jueces y empieza a creer que los conflictos jurídicos pueden resolverse mejor en las redes sociales o a puñetazos", ha sentenciado.
