Desde su fundación en 1995, su función principal, y por la que ha hecho correr ríos de tinta, fue querellarse en diversos casos y contra figuras públicas como en 2009 contra el por entonces juez Baltasar Garzón, en 2011 en el caso de los EREs de Andalucía y culminando en febrero de 2012 con la petición en el caso Nóos para que se imputase a la infanta Cristina. Su acusación fue clave para sentar en el banquillo a la infanta ante el empeño de la Fiscalía en salvarla en contra del criterio del juez instructor.

Paradójicamente, esta acusación provocó la caída del pseudosindicato ultraderechista. Fue precisamente la denuncia de los abogados de la infanta de un intento de soborno a cambio de retirar la acusación la que provocó la investigación de la Audiencia Nacional.

Acusación por extorsión

Fue a principios de 2016 cuando, con el objetivo cumplido de sentar a la infanta Cristina en el banquillo de los acusados, contra el criterio de la Fiscalía y pidiendo ocho años de prisión para ella, se conoció que la Audiencia Nacional estaba investigando tanto a la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), como al sindicato de funcionarios Manos Limpias por un posible delito de extorsión a bancos y empresas.

Las denuncias de varias presuntas víctimas destaparon esta trama que investiga el juez Santiago Pedraz. La Policía sospechaba que ambos colectivos se coordinaban para exigir dinero a empresas, bancos e instituciones con la amenaza de presentar querellas si no accedían a sus demandas.

Con las manos en la masa

Dentro de la investigación en la Audiencia Nacional, se intentó forzar al pago de uno de estos chantajes para pillar a los responsables de Ausbanc y Manos Limpias con las manos en la masa. La Fiscalía llegó a un acuerdo con la defensa de la Infanta Cristina para que pagara una parte de los tres millones de euros que se le exigían para retirar la acusación del sindicato en el caso Nóos.

Este pago fue frustrado por la filtración a la prensa de la investigación sobre ambas organizaciones, lo que también produjo que el juez Pedraz adelantase las detenciones y registros.

Las presiones a la abogada

Tras conocerse esta investigación, y a medida que avanzaba llegando hasta la encarcelación de los presidentes de ambas asociaciones, las presiones sobre la acusación popular de Manos Limpias en el juicio Nóos que ejercía la abogada Virginia López Negrete no dejaron de aumentar.

Negrete, que se mostró “espeluznada” por la detención de Miguel Bernard, presidente de Manos Limpias, defendió siempre que ella no tenía “absolutamente nada que ver en toda esta maniobra (la extorsión), en la que lo que se haya realizado ha sido complemente ajeno a mí y a mis espaldas”.

Del mismo modo, se negó a renunciar a la acusación popular en Nóos, por la cantidad de apoyos que le habían llegado desde que estalló el escándalo y porque “si yo renuncio, si me lo permitieran si llegara el caso, este procedimiento se suspendería, habría que nombrar un nuevo letrado, habría que darle un mínimo de dos o tres meses de tiempo para que se instruyera de una causa tan compleja, con el perjuicio económico para las arcas del Estado de todo ello y a todos los imputados en esta causa, no es un asunto tan fácil”.

El momento de mayor debilidad lo tuvo tras su sonada pelea con el fiscal Pedro Horrach, que siempre se opuso a la presencia de Manos Limpias en el caso. En uno de los descansos del juicio, según relataron los presentes, Horrach se acercó a Negrete y la acusó de conocer perfectamente la trama de extorsión y que no se creía su “autoproclamando ingenuidad e inocencia”. “Perdió los papeles conmigo” y “se puso como un loco”, declaró la letrada, a la que Horrach acusó también de llevar “cinco años sufriendo por vuestra culpa”, en referencia al sindicato.

Al final el juicio acabó sin ninguna caída en las acusaciones, la petición de cárcel para la infanta quedó vista para sentencia y Manos Limpias casi desapareció de la actualidad, quedándose para dar consejos de higiene.