El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha explicado en una sentencia este viernes 1 de agosto que un usuario de servicios de pago puede perder su derecho al reembolso de una operación no autorizada si, pese a haber detectado el cobro indebido, tarda en informar a su proveedor de forma intencionada o por una falta grave de atención. Esto es así incluso cuando la notificación se realiza dentro del plazo máximo de trece meses que marca la normativa europea.
Un caso en Francia que plantea dudas sobre los plazos
Esta decisión se ha tomado a raíz de una consulta planteada por el Tribunal de Casación de Francia, relacionada con el caso de un consumidor frente a la empresa Veracash SAS, gestora de una cuenta vinculada al valor del oro.
Según los datos del caso, el cliente dijo no haber recibido la tarjeta que la empresa le envió en marzo de 2017. Después, entre marzo y mayo de ese año, se realizaron varias retiradas de dinero con esa tarjeta que él no reconocía como propias. A pesar de que notificó las operaciones antes de que venciera el límite de trece meses, lo hizo casi dos meses después de la primera retirada.
Tanto el tribunal de primera instancia como la corte de apelación en París rechazaron su petición de reembolso porque entendieron que no había comunicado el problema "sin demora indebida", como establece la ley.
Qué considera el TJUE una notificación válida
El TJUE ha puntualizado que el requisito de comunicar las operaciones no autorizadas "lo antes posible" es independiente del plazo general de trece meses, y responde a la necesidad de prevenir daños mayores. Permitir que los usuarios esperen hasta el límite legal sin motivo justificado puede desequilibrar la relación entre el cliente y la entidad financiera.
Eso sí, el tribunal también aclara que no cualquier retraso justifica la pérdida del derecho al reembolso. Para que se dé esa situación, el proveedor de servicios de pago debe demostrar que el cliente actuó con intención o con una negligencia grave, es decir, que incumplió de forma evidente su obligación de estar atento y actuar con rapidez.
Qué pasa si hay varias operaciones no autorizadas
En el caso de que se produzcan varias operaciones fraudulentas con el mismo medio de pago, el usuario solo perderá el derecho a recuperar el dinero de aquellas que se realizaron después de que tuviera conocimiento del problema y no lo comunicara de inmediato. Si no sabía lo que estaba ocurriendo, no puede exigírsele una reacción.
El TJUE también ha señalado que esta excepción —la pérdida del derecho a devolución— debe aplicarse de forma limitada. Para que se niegue el reembolso, debe comprobarse que hubo una relación directa entre el retraso en avisar y el daño económico sufrido.
Quién tiene que demostrar qué pasó
La carga de la prueba recae en la entidad financiera. Es ella la que debe probar que las operaciones no autorizadas fueron registradas y autenticadas correctamente, y que el cliente no informó a tiempo por culpa suya o por una conducta claramente negligente.
Este fallo del TJUE ofrece una guía sobre cómo deben interpretarse los plazos y las obligaciones en situaciones de fraude con tarjetas u otros medios de pago. Aunque el plazo de trece meses sigue vigente, los usuarios deben tener en cuenta que no siempre es suficiente: actuar rápido puede marcar la diferencia entre recuperar el dinero o no.
