La dimisión tiene un coste de oportunidad para Mazón de más de un millón de euros

El adiós de Carlos Mazón al Palau de la Generalitat tiene un precio: más de un millón de euros. Su dimisión, tras poco más de dos años en el cargo, le impide disfrutar en plenitud de los privilegios reservados a los expresidentes, especialmente el asiento en el Consell Jurídic Consultiu (CJC) durante 15 años. Un cálculo de “coste de oportunidad” que revela cuánto dinero deja de percibir por no completar la legislatura, y que sitúa su marcha en el centro de un debate jurídico y político con importantes implicaciones económicas.

El Estatuto de los expresidentes de la Generalitat Valenciana (Ley 6/2002) garantiza un amplio paquete de recursos y prerrogativas “de acuerdo con el decoro de las altas funciones ejercidas”. Entre ellos, una oficina de apoyo vitalicia, dotada con dos asesores, un conductor, coche oficial y medidas de seguridad permanentes. También se incluye un presupuesto propio y un local adecuado para el desarrollo de sus actividades públicas.

Estas condiciones son similares a las de las que gozan Francisco Camps, Alberto Fabra o Ximo Puig, todos ellos beneficiarios del mismo marco legal. La diferencia, en el caso de Mazón, es el tiempo de servicio: haber abandonado el cargo tras 2 años y 3 meses limita algunos derechos que dependen de completar una legislatura entera, especialmente los vinculados al CJC.

El asiento en el Consell Jurídic Consultiu: una plaza dorada

El Estatuto establece que los expresidentes se convierten en miembros natos del Consell Jurídic Consultiu (CJC) por un período de 15 años, siempre que hayan ejercido el cargo al menos durante una legislatura completa. Si no se cumple ese ciclo, el mandato en el CJC se reduce al tiempo equivalente al desempeñado como presidente, con un mínimo de dos años.

En el caso de Mazón, que tomó posesión en julio de 2023 y ha dimitido poco más de dos años después, el plazo máximo de pertenencia al órgano consultivo se reduciría, en principio, a esos 2 años y 3 meses. Sin embargo, su equipo jurídico sostiene que, si la legislatura se diera por terminada de forma anticipada mediante convocatoria electoral, podría entenderse como completada, lo que ampliaría automáticamente su presencia en el CJC a 15 años de retribución garantizada.

Esta interpretación, no obstante, se encuentra en una zona gris legal, ya que la normativa no contempla expresamente los supuestos de adelanto electoral. Fuentes jurídicas consultadas advierten de que “una disolución anticipada no equivale a haber completado una legislatura”, dejando en el aire la posibilidad de aplicar el beneficio completo.

El cálculo del millón de euros perdido

Formar parte del Consell Jurídic Consultiu implica un sueldo público de 86.862,36 euros brutos anuales, según el Portal de Transparencia. A ello se suma una indemnización por residencia de unos 7.300 euros anuales si el expresidente mantiene domicilio fuera de Valencia, por ejemplo, en Alicante. En total, la retribución efectiva ronda los 94.000 euros al año, una cifra similar a la que percibía Mazón como presidente en funciones (91.398 euros) y ligeramente inferior a su anterior salario como director gerente de la Cámara de Comercio de Alicante, estimado en unos 95.000 euros anuales.

La diferencia entre completar una legislatura y dimitir antes de tiempo es sustancial. Si Mazón hubiera agotado los cuatro años de mandato, tendría derecho a 15 años de cotización en el CJC, con un total acumulado cercano a 1,41 millones de euros brutos. Sin embargo, al haber permanecido únicamente 2,25 años en el cargo, su derecho se limita a ese mismo período, reduciendo sus ingresos potenciales a menos de 200.000 euros.

El resultado es claro: pierde unos 12 años y 9 meses de salario público, lo que equivale a más de 1,1 millones de euros no percibidos, sin incluir posibles complementos ni actualizaciones salariales futuras. En términos de “coste de oportunidad”, su renuncia representa una pérdida económica superior al millón de euros, una cifra muy por encima de los ingresos que obtendría en cualquier otro puesto público de su rango.

Lo que mantiene y lo que deja atrás

Pese a ello, Mazón conserva parte de las ventajas reservadas a los expresidentes. Su oficina de apoyo, su coche oficial, sus asesores y las medidas de seguridad asignadas se mantienen sin límite temporal, tal y como establece la ley. Además, mantiene su escaño en Les Corts Valencianes, con estatus de aforado, y el sueldo de diputado autonómico, que ronda los 54.824 euros brutos anuales, además de la indemnización por residencia parlamentaria.

Donde sí deberá decidir es en la incompatibilidad entre el cargo en el CJC y otros empleos públicos. Si optara por ocupar el puesto de consejero, tendría que renunciar a su acta de diputado o a la percepción de su salario como tal. En cambio, podría reactivarse en la Cámara de Comercio de Alicante, donde conserva la plaza en excedencia y un sueldo similar al que cobraba como presidente autonómico.