La dimisión de Carlos Mazón no solo marca el final de un ciclo político, sino el inicio de un tiempo incierto en la Comunidad Valenciana. Con una coalición fracturada, el desgaste institucional tras la DANA y la pérdida de confianza ciudadana, el escenario se ha reconfigurado en cuestión de horas. La pregunta ya circula en tertulias, despachos y redes sociales: ¿debe convocarse un adelanto electoral?
El ya expresidente anunció su renuncia entre gestos de agotamiento político y con una frase que ya forma parte de la crónica autonómica: “Ya no puedo más”. Su salida llega después de meses de erosión interna, de tensiones con sus socios de Vox y de un creciente malestar por la gestión de la emergencia provocada por la catástrofe del 29 de octubre, cuando la DANA dejó más de dos centenares de víctimas mortales en el litoral valenciano. La oposición le había pedido explicaciones y una comisión parlamentaria para depurar responsabilidades. Mazón, en cambio, optó por el portazo.
Desde ese momento, la Generalitat Valenciana ha entrado en una fase de interinidad política. El Partido Popular trata de recomponer su hoja de ruta, mientras Vox, socio de gobierno, busca capitalizar la crisis proponiendo un presidente interino hasta el final de la legislatura. El debate se centra ahora en si esa maniobra es legítima o si debería ser la ciudadanía quien decida en las urnas quién debe dirigir el Consell durante los próximos años.
El terremoto político no se limita a las instituciones. Las organizaciones empresariales observan con preocupación la parálisis administrativa y los sindicatos temen que la inestabilidad derive en nuevos retrasos en políticas sociales y laborales. En el plano municipal, varios alcaldes del PP han comenzado a distanciarse del discurso oficial, conscientes del desgaste que puede provocar prolongar la crisis sin una solución clara. En paralelo, desde la oposición, PSPV-PSOE y Compromís reclaman elecciones “por higiene democrática” y apelan a la “necesidad de restaurar la confianza” en la Generalitat.
El propio Mazón, en su despedida, pidió a las Cortes que actuaran con “responsabilidad y sentido de Estado”. Pero su renuncia deja tras de sí un vacío político que ni el PP ni Vox parecen capaces de llenar sin sobresaltos. Los equilibrios internos dentro del bloque conservador se tensan, y la posibilidad de un adelanto electoral cobra fuerza no solo como hipótesis mediática, sino como eventual salida institucional.
En la calle, la reacción ciudadana refleja un sentimiento mixto: cansancio, decepción y, en algunos casos, deseo de pasar página. Muchos valencianos interpretan la dimisión como el síntoma de un modelo agotado. Otros, en cambio, creen que precipitar elecciones podría agravar la división. La polarización política, acentuada en los últimos meses, parece haber llegado también a la opinión pública.
En este contexto de incertidumbre y de búsqueda de estabilidad, surge la pregunta que vertebra el debate político valenciano: ¿debería convocarse un adelanto electoral en la Comunidad Valenciana?
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