“Ya no puedo más”. Con esas palabras, Carlos Mazón puso punto final a su mandato al frente de la Generalitat Valenciana. Su voz, quebrada, parecía resumir meses de desgaste, de silencios forzados y de una presión social que se convirtió en marea. La gestión de la DANA que devastó la Comunitat Valenciana en octubre de 2024, con más de dos centenares de víctimas mortales, había erosionado su autoridad política hasta niveles irreversibles. Los informes internos del propio Consell hablaban de falta de coordinación institucional, de retrasos en la activación de protocolos de emergencia y de un gabinete de crisis que nunca llegó a funcionar plenamente. Mazón, que durante semanas se aferró al cargo con la promesa de “dar todas las explicaciones necesarias”, acabó admitiendo que “cometí errores y viviré con ellos toda mi vida”.
Su salida, sin embargo, no viene acompañada de una convocatoria electoral inmediata. En un movimiento que ha generado sorpresa —y también críticas—, Mazón dimite pero no disuelve Les Corts Valencianes, dejando la puerta abierta a que PP y Vox pacten su sustituto sin pasar por las urnas. Él mismo lo justificó alegando que “la Comunitat necesita estabilidad”, aunque dentro y fuera de su partido se interpreta más bien como un intento de evitar un adelanto que podría castigar duramente al bloque de derechas tras el terremoto político y social de las últimas semanas.
Además, el ya expresident ha confirmado que seguirá como diputado autonómico, lo que le permitirá mantener el aforamiento. Se trata de un blindaje jurídico que no pasa inadvertido: las asociaciones de víctimas de la DANA y varios colectivos ciudadanos han pedido una investigación parlamentaria para depurar responsabilidades, y temen que su condición de aforado pueda obstaculizar cualquier procedimiento judicial. “Dimite, pero no se va”, resumía este lunes un portavoz de la plataforma Justicia para Alfafar.
La decisión de Mazón también ha abierto grietas en su propio partido. Mientras desde la dirección nacional del PP se apela a la “responsabilidad personal” del dirigente, voces internas lamentan que su renuncia sin elecciones deja al partido “sin legitimidad renovada ni horizonte claro”. En el entorno de Vox, socio de gobierno, la lectura es aún más áspera: temen que una sucesión improvisada y sin apoyo popular complique la estabilidad del ejecutivo autonómico y erosione su imagen de firmeza.
En la calle, las reacciones se dividen entre quienes ven en la dimisión un acto de dignidad política y quienes la interpretan como un gesto táctico para preservar privilegios y tiempo. En redes sociales, miles de usuarios expresaron su indignación ante el anuncio de que seguirá ocupando su escaño: “Si de verdad reconoce errores, lo coherente es marcharse del todo”, apuntaban algunos mensajes con miles de compartidos.
En cualquier caso, el paso atrás de Carlos Mazón reabre un debate mayor sobre la responsabilidad política frente a la gestión de las emergencias. ¿Debe bastar con una dimisión sin consecuencias judiciales ni electorales? ¿O la rendición de cuentas exige una depuración real de responsabilidades?
Con su marcha, se cierra un capítulo, pero no el libro. Las heridas del 29 de octubre siguen abiertas, y la sociedad valenciana, marcada por el recuerdo de aquella tragedia, vuelve a mirar a sus instituciones con desconfianza. La dimisión de Mazón es el principio de un vacío que la política deberá llenar, pero también una oportunidad para preguntarse, colectivamente: ¿cómo valoras la dimisión de Mazón?
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